Comienza la higiene en Marbella. La gestora que gobierna el ayuntamiento ha puesto en marcha su plan de saneamiento, que prevé el cese voluntario o el despido de los 86 altos cargos que cobran entre 3.000 y 6.000 euros mensuales cada uno, sueldos que publicó este diario el pasado 24 de abril. Con esta iniciativa, los actuales gestores piensan ahorrar cinco millones de euros (832 millones de pesetas) anuales, enjuagar el déficit financiero causado por el exceso de cargos de confianza y finiquitar los desmanes urbanísticos.

Cinco millones es justo la cantidad que necesita la gestora para abonar la nómina de 3.200 empleados y funcionarios, según lo que ha planificado. Entre ellos se encuentran más de 250 personas de confianza, contratadas entre 1991 y el 2005.

La reorganización ha supuesto el despido de algunos empleados del anterior equipo, sin relevancia pública y con sueldos bajos, que ocupaban puestos improductivos. Muchos otros serán recolocados. Los impulsores del reajuste se han encontrado con la resistencia de esos 86 altos cargos. Otro contratiempo lo constituye la petición de reingreso a sus antiguos empleos efectuada por los exconcejales Tomás Reñones (exfutbolista del Atlético), Vicente Manciles, Carmen Revilla, Miguel Jiménez, Emilio Jorrín y Carlos Marín.

PLANTILLA INFLADA Fuentes de la gestora han subrayado que la plantilla se multiplicó por ocho durante el mandato de los tres alcaldes del GIL desde 1991. En los últimos 15 años, sostienen que el número de empleados ha pasado de 400 a 3.200.

La gestora, presidida por el socialista Diego Martín, ha solicitado ayuda a la Junta de Andalucía y al Gobierno para poder indemnizar a los altos cargos que se nieguen a pedir la baja voluntaria y que hoy se encuentran de vacaciones. La mayoría de los 86 afectados tienen un contrato laboral con las empresas públicas Planificación 2000, Gerencia de Compras y Contratación de Marbella y Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000.

IU PIDE MANO DURA El coordinador general de Izquierda Unida, José Antonio Castro, se mostró favorable a abordar el problema "cueste lo que cueste", y denunció que 13 de los 86 altos cargos con sueldos millonarios, cobraron además pluses anuales de 30.000 euros. "No premiaron su productividad, sino su silencio", aseguró Castro. El responsable de IU se mostró partidario de no readmitir a los exconcejales.

La Fiscalía Anticorrupción denunció en el 2003 pagos irregulares. En un escrito a la Audiencia Nacional aseguró que, entre 1997 y 1999, la firma pública Turismo Ayuntamiento de Marbella 2000 S.L. pagó 48 millones de las antiguas pesetas "a concejales del ayuntamiento, pretendiendo justificarse los pagos por la asistencia a una comisión gestora cuya existencia y actuación no está acreditada". Se trata de las reuniones que el asesor Juan Antonio Roca convocaba en el área de Urbanismo para conceder licencias, que se celebraban el día antes de los plenos.

El fiscal Carlos Castresana denunció que Marisol Yagüe, última alcaldesa, percibió por este concepto 11.593.051 pesetas entre 1997 y 1999. También cobraron los cargos gilistas Dolores Miñones (10.890.443 pesetas), Pedro Román (8.080.002 pesetas), José Luis Fernández (11.241.747 pesetas), Rafael Calleja (16.749.991 pesetas), Victoriano Rodríguez (2.459.135 pesetas) y Dolores Zurdo (7.728.708).

Marisol Yagüe y el asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca (jefe de la trama), se encuentran en prisión desde hace un mes.