María Antonia Trujillo deja el Gobierno en un momento en el que comienza a verse el fin del "boom" inmobiliario que casi ha triplicado el precio de la vivienda en la última década y que ha convertido el acceso a un piso en la segunda preocupación de los españoles por detrás del paro. Trujillo, nacida en la localidad pacense de Peraleda de Zaucejo en 1960, abandonó la política autonómica para crear un ministerio desconocido en la historia de la democracia española, donde el reparto de competencias dejó las referidas a vivienda y urbanismo en manos de las administraciones autonómica y local, que en muchos casos vieron la creación de este departamento como una injerencia. De carácter firme y resuelto, la ministra se plantó en Madrid con unos objetivos muy claros: acabar con la especulación, abaratar los pisos y garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos con menos recursos económicos. Su primera medida al frente del departamento fue la puesta en marcha de un Plan de Choque, dotado con 1.031 millones de euros, que incluía ayudas al alquiler de 240 euros mensuales y de 6.000 euros para la rehabilitación de viviendas destinadas a ser arrendadas, subvenciones que varias comunidades autónomas nunca han tramitado (Aragón, Cataluña, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla). Para frenar el espectacular encarecimiento de la vivienda Trujillo tenía claro que era necesario fomentar el alquiler, pero se dio de bruces con la realidad de un país en el que sigue muy arraigada la mentalidad de la propiedad, tradicionalmente alentada por el Gobierno. Una manera de pensar que no casa con el carácter de Trujillo, que cree que cada etapa de la vida exige un tipo de vivienda diferente, razón por la que defendió a ultranza los famosos "minipisos", vivienda protegida en régimen de alquiler para jóvenes, de entre 30 y 45 metros cuadrados y de carácter transitorio. Esta propuesta le acarreó numerosas críticas, sobre todo por parte de la oposición, a las que la ministra replicó diciendo que la mayoría de Autonomías gobernadas por el PP permitían en sus legislaciones la construcción de inmuebles por debajo de los 30 metros cuadrados. Otra medida atacada por la oposición fue la creación de la Sociedad Pública de Alquiler en octubre de 2005, con la que se pretendía dinamizar un mercado que no termina de despegar. Prueba de ello es que desde su nacimiento, esta agencia ha intermediado poco más de 4.000 contratos de alquiler, cuando en España existe un parque de viviendas arrendadas cercano a 1.800.000 inmuebles, alrededor del 11 por ciento del número de viviendas total. Para poner coto a la especulación urbanística, Trujillo propuso una nueva Ley de Suelo, en vigor desde el pasado 1 de julio, con la que quiso acabar con la filosofía del anterior Gobierno del PP, que defendía que cuanto más suelo urbanizable hubiera en el mercado más fácil sería contener el precio de la vivienda. Los casos de corrupción urbanística marcaron el trámite parlamentario de la ley, que finalmente contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP. Entre las preocupaciones de la ministra, plasmadas en esta nueva norma, destaca la necesidad de promover un desarrollo urbanístico más respetuoso con el medio ambiente basado en la consideración de que el suelo es un recurso natural escaso y no renovable. Antes de hacerse cargo de Vivienda, la ministra ya contaba con experiencia política en el ámbito autonómico, ya que había sido consejera del Consejo Económico y Social de Extremadura (1996-2000), consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura (2000-2003) y consejera de Fomento de la Junta de Extremadura (2003-2004). Previo a su ingreso en el mundo de la política, Trujillo se había dedicado a la docencia como profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura.