El juez Fernando Grande-Marlaska decidió ayer reabrir, de oficio, la causa iniciada en el 2003 contra el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y otros 23 miembros de la mesa nacional del partido ilegalizado por asistir a un acto de homenaje de Arkaitz Otazua, etarra fallecido tras un enfrentamiento con la Ertzaintza. El fiscal --hasta el momento la única acusación personada-- ha pedido archivar este proceso dos veces.

Marlaska, titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, se encontró con esta causa al renunciar a su plaza de magistrado de la Sala Penal de ese tribunal. El proceso se inició a petición de la fiscalía, que presentó en septiembre del 2003 una querella contra Otegi por manifestación ilegal y enaltecimiento del terrorismo. Sin embargo, el mismo ministerio público reclamó el archivo de la causa por falta de pruebas, el pasado marzo.

Esa posición no convenció al juez, quien logró que Antena 3 le remitiera una grabación del acto. Marlaska visionó la cinta con el fiscal y la letrada de Otegi el 27 de abril. Después, volvió a pedir al fiscal un informe. El ministerio público insistió en que Otegi no había realizado "un apoyo de acciones de carácter terrorista en el sentido estricto".

LA LEGISLACION A pesar de ello, el juez acuerda la reapertura del proceso a la espera de que se persone en la causa alguna de las asociaciones de víctimas afines al Partido Popular para ejercer la acción popular.

Marlaska reproduce, en su resolución, las palabras pronunciadas por Otegi en ese acto. El líder de Batasuna advirtió al expresidente del Gobierno José María Aznar de que la izquierda aberzale tendía la mano para una solución política al conflicto vasco, pero mantenía el "puño de hierro" para "responder a las agresiones" del Estado. También se profirieron gritos a favor de ETA.

Para Marlaska, esas declaraciones pueden ser constitutivas de manifestación ilegal o enaltecimiento del terrorismo. El juez ha pedido un informe a la policía sobre 24 personas, entre ellas la letrada Jone Gorizelaia y el líder del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, antes de decidir cuándo les cita a declarar.