El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha argumentado ante el Tribunal de Cuentas indefensión para pedir la anulación de la decisión que le obliga a pagar 5,2 millones de euros por los gastos del 9-N. El abogado Rafael Entrena, que defiende los intereses del exmandatario catalán y de la exvicepresidenta Joana Ortega, ha presentado este viernes un recurso contra la liquidación acordada por dicho organismo fiscalizador. Está previsto que la próxima semana lo hagan los 'exconsellers' Irene Rigau y Francesc Homs.
El escrito sostiene que se han cometido irregularidades en la tramitación del expediente y que, incluso, se ha vulnerado la Constitución. El abogado subraya que a los cuatro exaltos cargos del Gobierno catalán no se les ha notificado ninguna de las actuaciones que el Tribunal de Cuentas ha realizado, lo que les ha provocado "indefensión", y que se ha vulnerado el derecho de defensa consagrado en la Carta Magna.
El recurso destaca que "no es admisible" que en un procedimiento que se inicia el 18 de mayo del 2017 a raíz de la acción de diversas entidades "guiadas por una más que evidente y reconocida voluntad política" no se haya notificado a los afectados las diligencias que se han efectuado, ni se les haya dado copia de nada hasta un par de días antes de la práctica de la liquidación provisional. "En lógica consecuencia debería haberse preservado la defensa de sus intereses desde la fase inicial del procedimiento", señala el letrado.
Celeridad inaudita
El escrito también enumera otras irregularidades, como "la celeridad" y "la premura" en que se ha fijado la cantidad que deben abonar los exaltos cargos de la Generalitat, prescindiendo de la recepción de "copiosa y fundamental documentación altamente trascendente". Y es que todavía se está a la espera de que la Generalitat remita expedientes.
Además, el letrado pone de relieve la "extraordinaria habilitación del mes de agosto" para practicar las actuaciones, la denegación de ampliación de plazo interesado para enviar documentación y el requerimiento de información de manera "absolutamente irregular", al haberse solicitado a los tribunales de justicia que tramitaron los procesos por el 9-N. Asimismo, rechaza que la Abogacía del Estado pueda intervenir, como lo ha hecho, en las diligencias, pues "no se ha producido perjuicio alguno a las arcas del Estado".
