Las sociedades de Medicina de Familia han asegurado este martes que el anteproyecto de reforma de la ley del aborto presentado por el Gobierno "incrementa las desigualdades sociales y perjudica a los más desfavorecidos". Así los suscriben en un comunicado conjunto la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Consideran en el documento que las legislaciones "restrictivas" en materia de interrupción voluntaria del embarazo ponen en riesgo la salud de la mujer e incrementan la desigualdad, ya sea por causas económicas, sociales o culturales. Para estos profesionales, la disminución del número de abortos pasa "obligatoriamente" por la implantación de políticas efectivas de educación sexual, en las que los médicos de familia desempeñan "un papel fundamental".
En este sentido, los facultativos se comprometen a liderar programas de formación, más allá de la simple información sobre métodos contraceptivos. Piden asimismo una protección efectiva de las mujeres que deciden, en situaciones de adversidad, continuar con el embarazo, así como el reconocimiento de las que optan por no hacerlo.
"Vivimos en una sociedad plural, cuyo código ético no es único. Por tanto, entendemos que se pueden plantear opciones distintas e incluso opuestas a la hora de establecer la legislación que regule la interrupción voluntaria del embarazo", señalan. Por ello, argumentan que "no se puede imponer una ética de máximos para todos, sino que se deben buscar unos principios éticos mínimos compartidos que garanticen la convivencia".
EMBRIÓN CON CONDICIONES DE PERSONA
Para los expertos del primer nivel asistencial, la consideración ética sobre "cuándo el embrión empieza a adquirir la condición de persona" tiene respuestas distintas y, en ocasiones, contrapuestas. Desde estos supuestos, afirman que la mayor parte de las solicitudes de aborto son "decisiones libres de mujeres competentes, fruto de situaciones personales de gran sufrimiento, que no se pueden limitar a supuestos como malformaciones congénitas graves o peligro para la propia salud física y/o psíquica".
"La auténtica protección del no-nacido y de la mujer que decide llevar adelante su embarazo debe basarse en políticas efectivas de salud sexual y fomento real de la maternidad", sostienen. Además, precisan que la protección de las personas discapacitadas requiere de más de políticas de apoyo y protección que de restricción de la libertad de las mujeres.
Para los médicos de Familia, la supresión de la posibilidad de interrupción del embarazo a petición de la mujer (modalidad de plazos) y la restricción de los supuestos de despenalización del aborto por causas médicas "no disminuyen la frecuencia de su práctica, pero sí empeoran las condiciones en las que esta se realiza".
Alegan, finalmente, que las legislaciones de despenalización basadas exclusivamente en indicaciones mantienen "un espíritu paternalista en la relación clínica", lo que se refleja en "la necesidad de supervisar una decisión autónoma de la mujer y en la obligación de avalarla".
