El Gobierno "no" usará los datos de los padrones municipales para perseguir a los sin papeles inscritos en estos censos. Al menos así lo garantizó ayer el ministro del Interior, Angel Acebes, tras presentar la aprobación por el Consejo de Ministros de la tercera reforma de la ley de extranjería, uno de cuyos objetivos es lograr que el padrón sirva de herramienta de información para el control de los irregulares.

La difusión de este objetivo había despertado la alarma entre las organizaciones sociales y los propios inmigrantes. El sindicato UGT alertó de que la idea del Gobierno podría disuadir a muchos irregulares de inscribirse en el padrón, lo que provocaría que no tuvieran acceso a la sanidad y otros servicios sociales.

En lo que respecta al padrón, la reforma amplía en un aspecto los requisitos que deberán cumplir los extranjeros para inscribirse: deberán renovar la inscripción cada dos años y no cada cinco como debe hacer actualmente toda la población.

También se elevará a rango de ley un requisito que ya se exigía, pero que según fuentes de Interior "no se cumplía en muchos casos". Los inmigrantes deberán presentar su pasaporte o la tarjeta de residencia en España. Por último, deberá existir un "intercambio de información permanente entre el Instituto Nacional de Estadística y el Registro Central de Extranjeros de la Policía".