El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado hoy sobre la filtración de los ingresos de la candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, que "en política no vale todo" y ha abogado por aplicar la ley con todo rigor en este asunto.

Catalá ha hecho estas declaraciones en Mérida antes de inaugurar las IX Jornadas de Juntas de Gobierno del Consejo General de Procuradores de España.

A pregunta de los periodistas, el ministro ha señalado que en el régimen disciplinario de los empleados públicos y en el Código Penal está regulada la figura de la revelación de secretos o de la filtración de documentos.

Por lo tanto, cuando se identifica alguna irregularidad por parte de la Administración pública, "se investiga, se aclara y se sanciona a los responsables", ha agregado.

A su juicio, una filtración es una "infracción grave, reprochable", pero simplemente hay que aplicar la ley con rigor.

Catalá ha señalado que en campaña electoral "algunos piensan que vale todo y se usa el normal funcionamiento de la justicia para que parezca que está habiendo algunas actuaciones contra alguien", como ocurrió ayer en Valencia.

La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal por las facturas aportadas por Compromís sobre gastos de representación del Ayuntamiento de Valencia y de su alcaldesa, Rita Barberá, que ascienden a 278.000 euros desde 2011 a septiembre de 2014.

En este sentido, Catalá ha precisado que un trámite normal por parte de la fiscalía se ha hecho ver como "algo extraordinario".

Estos usos, en ambos casos con candidatas del PP, ha indicado, contribuyen a "contaminar el debate de las ideas y añadir elementos que son impropios de una leal contienda política".

Según publicó ayer infoLibre, en 2013 la presidenta del PP madrileño ganó 369.000 euros como cazatalentos en la empresa privada Seeliger & Conde y otros 5.000 en juegos de azar.

Aguirre anunció ayer la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue quién ha filtrado sus datos, lo que tachó de "delito grave".

Por otro lado, sobre el derecho al olvido, el ministro ha señalado que recordar sentencias pasadas es un hecho "cierto y real" y no cree que puede ser injurioso.