Un hondo malestar, hasta ahora sordo, aflora en el seno del Gobierno. Las elecciones del domingo, cuanto menos agridulces para el PSOE, ha sentado al Ejecutivo en el diván. La economía va viento en popa y casi todas las medidas sociales prometidas están en marcha, pero el Partido Popular sigue fuerte en las encuestas y en las urnas. "¿Qué estamos haciendo mal?", se pregunta un alto cargo. Los ministros lo tienen claro: falla la política comunicativa porque la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega, no les deja publicitar los logros de sus departamentos.

Sabido es que el Estatuto catalán y el diálogo con ETA, bien aprovechados por el PP, han copado la agenda informativa de la legislatura, eclipsando medidas de tanto calado social como las leyes de dependencia e igualdad o la subida de las pensiones. El entorno del presidente culpa de ello a la pasividad de muchos ministros, pero estos responden que es la vicepresidenta y portavoz del Gobierno quien les impide vender las medidas.

Alegan los ministros consultados --exigiendo, por supuesto, el anonimato-- que De la Vega frena sus proyectos, les prohíbe presentarlos y los reprende si lo hacen. Pocas veces, denuncian, les deja comparecer a su lado tras el Consejo de Ministros, y cuando lo hace se cuida de ser ella quien exponga los grandes ejes de la ley en cuestión. Algunos ya han trasladado sus quejas a Zapatero.