El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha afirmado hoy que la "nueva voluntad" del régimen castrista de avanzar en las liberaciones de los presos políticos también se extiende al ámbito de las reformas económicas y sociales.

Moratinos se ha referido a la situación de Cuba en su comparecencia en el Congreso ante la Comisión mixta para la UE para informar de los resultados de la presidencia española de turno que concluyó el pasado 30 de junio.

El ministro ha opinado que el escenario abierto en la isla en el marco del diálogo entre el régimen castrista y la Iglesia cubana, apoyado por España, representa una "oportunidad" que no se debe "desaprovechar" para redefinir la política de la UE con el país caribeño.

Según Moratinos, es preciso acabar con la posición común, vigente desde 1996, para abrir una nueva relación sobre "los parámetros del respeto y el diálogo".

Ha defendido dar este paso a la vista de "la nueva voluntad del Gobierno cubano de cerrar de forma definitiva la liberación de los presos" y de avanzar "en materia de reformas económicas y sociales".

Moratinos ha hecho esta reflexión horas después de la llegada a Madrid de los siete primeros presos políticos liberados por la autoridades de La Habana.

Por ahora, una veintena de disidentes ha expresado su deseo de venir a España desterrados.

El compromiso del régimen castrista es poner en libertad a 52 presos de forma gradual en un plazo de cuatro meses.

Todos ellos forman parte del llamado 'Grupo de los 75', opositores condenados a penas de hasta 28 años en lo que se conoce como la Primavera Negra de 2003.

Moratinos ha reiterado que desde el diálogo con la isla, se pueden alcanzar "resultados concretos" que permitirían replantearse una posición común europea con Cuba que no sea "impuesta", ni "una lista de agravios unilaterales".

A su entender, la nueva relación ha de ser "dialogada y negociada" y debe implicar "compromisos por ambas partes en diversos ámbitos".

Los Veintisiete se han dado de margen hasta el mes de septiembre para decidir si renuevan o no la posición común, que en su día se instauró a iniciativa del ex presidente del Gobierno José María Aznar.

Esta política exige al régimen castrista el respeto de los derechos humanos y avanzar en un proceso democrático.