Los Mossos d’Esquadra trataron de quemar documentos sobre sus planes para crear «una verdadera estructura de información para un futuro Estado catalán» en connivencia, afirma la Policía Nacional en el informe entregado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, con el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), conocido como el CNI catalán. La Policía concluye que Mossos y CESICAT han llevado a cabo «actividades irregulares» entre las que incluye el control de comunicaciones, la interceptación de correos electrónicos, redes sociales y la telefonía móvil, «introduciendo aplicaciones para monitorizarlas».
El proyecto más ambicioso en ese sentido era el plan de los Mossos, que también iba a ser destruido, de «acceder a las bases de datos externas de diferentes organismos». El informe recuperado por la Policía tiene fecha del 2012 y recoge el interés por acceder, sin control ni autorización previa, a las bases de registros de «personas aseguradas» (Servicio Catalán de la Salud), del Departament de Salud, de «alumnos matriculados» (Educación), de los beneficiarios de «prestaciones de bienestar social», de las oficinas de trabajo, de intervención de armas, el DNI, el catastro, de los expedientes de menores de edad y hasta de las bases de datos de las «redes de bibliotecas de las diputaciones» catalanas.
Así lo afirma el segundo jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, Miquel Justo, en un correo electrónico enviado el 1 de junio del 2012 a dos directivos del CESICAT: «Tal y como te comenté ayer, estas son las BBDD en las que estamos interesados».
ACCESO A DATOS / La Policía afirma en su informe a la jueza Lamela que «queda constatado que la cúpula del Departamento de Interior de la Generalitat estaba muy interesada en poder obtener acceso a todas esas bases de datos, a las cuales solo se podía acceder bajo petición por escrito y por conducto reglamentario entre administraciones… y así poder hacerlo autónomamente y sin dejar constancia por escrito, con la premisa de que prácticamente de esta manera se podría averiguar hasta la más minima información de cualquier ciudadano».
Los documentos secretos de los Mossos y el CESICAT muestran otros proyectos para la creación de una estructura de Inteligencia. Así, un dosier con el sello Confidencial recoge el correo electrónico que el 6 de febrero del 2013 envía Xavier Inglés (CESICAT) a dos de sus directivos, Tomás Roy y Josep Verdura, sobre el interés de los Mossos en conseguir una aplicación para vigilar móviles, oculta para el usuario.
El dosier cuatro, también declarado confidencial, recogía otro correo electrónico entre dirigentes del CESICAT sobre un proyecto llamado «infraestructura para la navegación anónima PD0». Otra vez los Mossos figuran como clientes para poder navegar de forma segura y anónima por internet de forma que «ningún internauta experimentado (hacker, entes gubernamentales…) puedan llegar a los servidores ni al origen de la navegación. El plan incluía instalar «treinta máquinas distribuidas por las siete regiones policiales del país».
Pero el proyecto estrella fue el MDM/CellCrypt, para conseguir teléfonos móviles seguros. El informe recuperado afirma que esos dispositivos eran para «el entorno de Gencat» (Generalitat). En un principio se afirma que el proyecto está hecho para entre 25 y 75 personalidades que disfrutarían de «móviles encriptados, con cifrado de voces, interlocución única de Vips, cifrados de correos, cifrados de PC…» con un coste de 305.633 euros anuales (si eran 25 los beneficiados de esas comunicaciones seguras). Si el plan se ampliaba a 300 o hasta 500 usuarios, la otra posibilidad contemplada, el coste sería de hasta 2.725.796 euros cada año. Un mail del 21 de noviembre del 2013 dirigido al jefe de los Mossos Ferran López le comunica que el CESICAT «ha puesto en marcha ambos proyectos».
TOPOS PARA ESPIAR / Otros documentos revelan la inquietud por la existencia de topos cerca de los políticos del Govern. Así, los cuatro folios del llamado caso Apóstol, clasificado como «secreto» y fechado el 13 de mayo del 2016, resumen la oferta de un confidente para descubrir a posibles «infiltrados en los servicios de escolta de personalidades». El confidente presume de que contaría con un capitán de la Guardia Civil en Tarragona porque «se ofrece a pasarse a los Mossos si se consiguiera la independencia».
Más confusa resulta otra de las operaciones. Las relaciones de los Mossos con un hombre al que llamaban, en clave, Hebrón. Se trata de un ciudadano que se ofreció a ser confidente e infiltrarse en ambientes independentistas. Pero los documentos muestran que también acudió a la sede del PP catalán y ofreció material «sensible que pondría en entredicho algunas estructuras del Gobierno» de la Generalitat. El supuesto infiltrado acabó siendo detenido por los Mossos el 19 de abril del 2015. Tenía en su poder «información delicada que podría perjudicar al Cuerpo de Mossos».
La Policía asegura que la Comisaría General de Información de los Mossos realizó actuaciones que «no solo no se corresponden con los cometidos que tienen legalmente establecidos, sino que entrarían en contradicción con dichos preceptos y por tanto con el cumplimiento de la ley».
