Rosalía Iglesias, la mujer del exsenador y extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, se ha quedado fuera de la investigación que tramita el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira contra la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El magistrado explica que el exdirigente conservador era el encargado de gestionar el patrimonio familiar.

Pedreira recuerda que la mujer de Bárcenas no figuró como imputada en el Tribunal Supremo cuando el TSJM remitió a esta sede judicial las diligencias que afectaban a su marido, entonces senador, y al exdiputado del PP Jesús Merino. Por ello, sostiene que "no resulta razonable exigirle hipotéticas responsabilidades que pudo haber asumido su marido en orden a la administración del patrimonio o a la liquidación de los impuestos, que habían sido realizados por él mismo".

DELITOS FISCALES PRESCRITOS Además, el juez adelanta que los presuntos delitos fiscales habrían prescrito, ya que se cometieron entre los años 2002 y 2003. Y que, en cualquier caso, en un primer análisis se concluye que no existiría esa infracción porque la cantidad supuestamente defraudada no alcanza a los 120.000 euros.

El magistrado también argumenta que el exdirigente del PP ha asumido "su responsabilidad en orden al incremento del patrimonio familiar", a pesar de que están casados con el régimen de separación de bienes. Y admite que Iglesias "carece de los conocimientos para liquidar los tributos y realizar las inversiones". El juez desvela que Iglesias ha declarado "que tenía plena confianza en su marido" en el control de "la administración de los bienes y del metálico".

Por ello, opta por aplicarle el derecho a la presunción de inocencia, ya que "los indicios existentes no tiene suficiente fuerza". A pesar de ello, advierte de que cambiará de decisión si aparecen nuevos datos, ya que hasta ahora no se ha podido investigar adecuadamente su patrimonio porque esta labor la estaba llevando a cabo el Tribunal Supremo por la condición de aforado. El alto tribunal tiene que remitir al TSJM la investigación que ha llevado a cabo contra Bárcenas y Merino después de que estos hayan perdido la inmunidad parlamentaria tras renunciar a sus actas de senador y diputado, respectivamente, para ejercitar mejor su derecho de defensa.