Los pequeños municipios españoles exigen a las comunidades autónomas que recojan en sus presupuestos para 2011 partidas presupuestarias equivalentes a la inversión asignada por el Estado en sus territorios, para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Esta es una de las principales conclusiones con las que se ha cerrado el I Congreso de Pequeños Municipios, celebrado ayer y hoy en Toledo, con la asistencia de unos quinientos alcaldes.

Los representantes de los municipios de menor tamaño han mostrado su "apuesta decidida" por la correcta aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural como instrumento principal para elevar la eficiencia de las acciones públicas que se llevan a cabo en sus territorios. En lo que respecta al papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, el Congreso de Toledo ha puesto de manifiesto que la provincia, como nivel intermedio entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas, es considerada como "la verdadera garante del principio de subsidiariedad" y que, por tanto, se trata de una institución local, "no un instrumento de la Comunidad Autónoma".

Otra de las preocupaciones de los alcaldes de municipios pequeños es la de garantizar políticas sociales y de empleo en sus territorios, por ello apuestan por las mancomunidades, argumentando que la diversidad y singularidad de cada territorio debe facilitar la constitución de esta figura asociativa, con el fin de posibilitar mayores y mejores prestaciones de servicios a los ciudadanos, con la mayor calidad y rentabilidad posible. En materia de igualdad, las conclusiones de Toledo recogen el objetivo de suprimir las barreras socioculturales que impiden la participación equilibrada de hombres y mujeres en la vida política, económica y social de los pequeños municipios.