Las 77 cárceles españolas acogían a mediados de diciembre la cifra récord de 52.307 presos. Fuentes del Ministerio del Interior reconocen que el número de reclusos supera en un 15% la capacidad real de las cárceles, mientras los sindicatos de prisiones denuncian la situación de hacinamiento en muchos centros y elevan esa tasa hasta casi el 60%. Pero el diagnóstico de Administración y sindicatos es coincidente: la reforma del Código Penal emprendida por el PP agravará la saturación carcelaria.

5.000 PRESOS MAS ESTE AÑO

Convocados el 20 de noviembre por el titular de Interior, Angel Acebes, los directores de prisiones ya le transmitieron su preocupación por la precariedad de plazas penitenciarias, por el espectacular aumento de la población reclusa --5.000 internos más este año-- y por el temor a que los juicios rápidos disparen aún más esa cifra. Aún no conocían el plan del presidente, José María Aznar, de restringir el acceso al tercer grado o régimen abierto no sólo a etarras, narcotraficantes y otros delicuentes peligrosos, sino a cualquier otro condenado a más de cinco años de prisión.

El proyecto de Aznar es modificar, entre otros, el artículo 36 del Código Penal para que la mayoría de los penados pasen un "periodo de seguridad" en prisión --la opción más plausible es que equivalga a la mitad de la condena-- antes de acceder al tercer grado, régimen de semilibertad que les permite acudir al centro penitenciario sólo para dormir.

Actualmente, el número de presos en tercer grado supera los 5.000, aproximadamente un 10% del total. Pero cuando se aplique la reforma esta tasa se reducirá notablemente, y crecerá la de los reclusos internos 24 horas al día, según admite la dirección de Instituciones Penitenciarias, adscrita a Interior. Los sindicatos penitenciarios Acaip y CSIF prevén un incremento de la población reclusa de entre el 6 y el 8%.

Instituciones Penitenciarias solicitó a principios de año la construcción de siete nuevas prisiones que aportarían 6.880 plazas adicionales. Pero el Ejecutivo reconoce que muchas de estas instalaciones aún no han sido siquiera presupuestadas y que difícilmente estarán listas antes del 2005, mientras que la reforma del Código Penal entrará en vigor a mediados del año que viene.

Paradójicamente, parte de las obras aprobadas están destinadas a crear 24 centros de inserción social, reservados a presos en régimen abierto. Centros aún en construcción que carecen de las medidas de seguridad mínimas para internos de primer grado.