Por si el PP valenciano no tenía suficiente con tratar de zafarse de las consecuencias judiciales y políticas del caso Gürtel , ayer la fiscalía anticorrupción y la policía nacional le pusieron sobre la mesa otro turbio asunto con aires corruptos. Esta vez, ligado a la adjudicación de la gestión de residuos de basura de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios alicantinos. Y tan serio pintaba, que llegó a ser detenido el presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll --considerado zaplanista y crítico con el presidente Francisco Camps--.

A media tarde, Ripoll salió en libertad tras haber prestado declaración en dependencias judiciales. ¿Con cargos o sin ellos?. Este fue otro motivo de polémica: mientras sus abogados callaban, la policía emitía un comunicado del que se deducía que a Ripoll, como los otros diez detenidos en la operación Brugal, se les imputaban los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. Sin embargo, la Diputación de Alicante hizo pública una nota asegurando que su presidente estaba libre y sin cargos. Y aprovechando que el río estaba tan revuelto, salió a la palestra el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, para arremeter contra el ministro de Interior y su "montaje" policial en Alicante.

DECLARAR ANTE EL JUEZ Según González Pons, el resultado de la citada operación fue "desastroso" y puso como prueba que Ripoll hubiera salido a la calle, según él, sin cargos. En opinión del dirigente conservador, la mano de Alfredo Pérez Rubalcaba estaba detrás de esta "operación de publicitaria" que "no conduce a ninguna parte". Pero, según las informaciones que facilitó la policía, sí conducen a un sitio: al juzgado de primera instancia número tres de Orihuela. Allí deberán prestar declaración ante un juez y en unos días los detenidos ayer, entre los que están, además del presidente de la Diputación, tres ediles de la localidad: Manuel Abadía (Infraestructuras), Antonio Rodríguez, (Pedanías y Servicios), y Ginés Sánchez (Medio Ambiente).

En el transcurso de la citada operación, dirigida por el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, fueron también detenidos el industrial Angel Fenoll y su hijo, y el empresario y accionista mayoritario del club de fútbol Hércules, Enrique Ortiz, implicado en el caso Gürtel

Fenoll, con contactos en el PP, ya fue detenido en el 2007 y enviado a prisión por un presunto delito de extorsión con grabaciones. De hecho, era uno de los cinco candidatos para gestionarla basura en Orihuela y grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos. Esas grabaciones provocaron la apertura de nuevas diligencias en el marco de la operación Brugal, que continúa bajo secerto de sumario.