Los partidos con representación parlamentaria dispondrán de una financiación estatal de nueve millones de euros para divulgar las virtudes y defectos de la Constitución europea. El Consejo de Ministros, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, acordó ayer la convocatoria del referendo sobre la Euroconstitución, el 20 de febrero, y la concesión de una ayuda extraordinaria a los partidos cara a esta campaña electoral.

Aunque la legislación sólo permite al Estado sufragar los gastos de los partidos en procesos electorales con candidaturas, el Gobierno ha explorado varios atajos para salvar este escollo. La primera alternativa, reformar con urgencia la ley electoral y otras normas para permitir la financiación de las campañas previas a los referendos, se tuvo que descartar por la falta de tiempo y de consenso. Al final, la solución hallada es una fórmula político-jurídica que levantaría polémica de no ser porque satisface a todos los partidos.

Tal como adelantó este diario el 23 de diciembre, el primer paso fue que el Congreso aprobara la víspera, por unanimidad, una proposición no de ley que textualmente instaba al Ejecutivo a "poner a disposición de los grupos políticos con representación parlamentaria, con los adecuados criterios de proporcionalidad, una asignación económica para que éstos puedan realizar una campaña de información sobre el tratado". Si bien el texto no aportaba cifras, el PSOE ya hablaba de los nueve millones de euros --1.500 millones de pesetas-- ayer aprobados.

"ACONTECIMIENTO UNICO" Ese ha sido el pretexto usado por el Ejecutivo para detraer del erario público unos fondos que el Estado no entregó a los partidos, por ejemplo, en el referendo sobre la OTAN de 1986. La cobertura jurídica la ha brindado la normativa que, según el decreto del Consejo de Ministros, permite otorgar a los partidos "ayudas de carácter excepcional" al hilo de un "acontecimiento único" y por "razones de interés público debidamente justificadas".

Estos nueve millones de euros, destinados a sufragar los gastos de campaña que los partidos puedan acreditar fehacientemente, se repartirán en función de los resultados de las últimas generales: unos cuatro millones le corresponderán al PSOE y 3,6 al PP. A CiU le tocarán unos 289.000 euros y a ERC, contraria a la Euroconstitución, algo más de 200.000. Los gastos deberán servir para que, cara al referendo, "los ciudadanos se formen un criterio", sea éste favorable o contrario al tratado.

El decreto de convocatoria del referendo enuncia la pregunta que se someterá a consulta --"¿Aprueba usted el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa?"--, que también se formulará en las lenguas cooficiales. La campaña se iniciará a las 0 horas del 4 de febrero y concluirá la medianoche del viernes 18. Al recortarse el periodo electoral --de los 54 se pasa a 36--, también se reducen los plazos para elegir a los interventores y apoderados de los partidos.

LA MOVILIZACION Al anunciar estos acuerdos, la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, prometió ayer que las campañas institucionales del Gobierno serán totalmente neutrales, sin abonar el sí ni el no. De hecho, el Ejecutivo ha preguntado a los partidos qué otros artículos del Tratado deberían leer los famosos que protagonizan la campaña. Fuentes de la Moncloa aseguraron que, para combatir la abstención, el Gobierno promoverá la celebración de debates televisados sobre la Carta Magna de la Unión Europea (UE).