El juez Ismael Moreno será el encargado de decidir si admite a trámite la querella presentada ayer por una oenegé contra los ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores de Marruecos y el gobernador de El Aaiún por un delito contra la humanidad por los incidentes del pasado 8 de noviembre en el desmantelamiento de un campo de saharauis en los que perdió la vida un ciudadano español. El fiscal, en principio, es partidario de tramitar la querella aunque puede cambiar de criterio si confirma que Marruecos ya investiga estos hechos, como aseguró ayer en Madrid el ministro de Interior marroquí, Taib Cherkaoui, quien además dijo desconocer la presentación de esta querella.

La demanda ha sido presentada por una desconocida Liga Española Proderechos Humanos, que recuerda que hace unos meses cerca de 20.000 personas, en su mayoría saharauis, fundaron un campamento para "plantear a los marroquís una reivindicación para mejorar sus condiciones de vida". El pasado 8 de noviembre --indica la querella-- la policía marroquí desmanteló el campamento y más de 2.000 personas fueron detenidas, encarceladas y, según su versión, están siendo torturadas. También fallecieron 100 personas, entre ellas el ciudadano español Baby Hamday Buyema, que murió tras ser atropellado por un furgón policial. Este español era ingeniero, estaba casado y tenía dos hijos.

La oenegé considera que la Audiencia Nacional es competente para investigar estos hechos porque tipifica los mismos como delitos contra la humanidad porque, en su opinión, buscan "acosar y destruir la nación saharaui evitando el acceso a la autodeterminación".

DETENCION INMEDIATA En la querella se propone que declare como testigo la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, para que aclare "el conocimiento que tuvo" de estos actos "así como las medidas que va a adoptar". Asimismo, la oenegé pide que se cite a declarar a los tres ministros y al gobernador como imputados y que se acuerde su detención inmediata y prisión provisional.

También proponen el interrogatorio de varios testigos protegidos para los que pide que la justicia se haga cargo de su traslado y estancia en España "facilitándoles un domicilio seguro, protección personal, recursos económicos y apoyo sicosocial, al igual que a su familia".

Fuentes fiscales adelantaron ayer que no creen que los hechos denunciados en la querella encajen con un delito de genocidio, aunque dudan sobre si pueden ser de lesa humanidad. También revelaron que no tenían información oficial sobre la apertura de una investigación por parte de la fiscalía marroquí sobre la muerte del español.