El ex dirigente etarra Juan Antonio Olarra Guridi se enfrentará la próxima semana en la Audiencia Nacional a un total de 72 años de cárcel, solicitados por el fiscal por su presunta participación en tres atentados distintos, uno con una víctima mortal y otros dos fallidos, perpetrados entre 1993 y 2000.

Se trata del asesinato del empresario donostiarra Jose Antonio Santamaría, en 1993, por el que el fiscal pide 30 años de cárcel, y de los atentados fallidos contra el diputado del PSOE Jose Asenjo y un empleado civil de la administración militar en Sevilla, en 2000, por los que el fiscal reclama 27 y 15 años, respectivamente.

El próximo miércoles, Olarra Guridi, que el pasado mes de julio fue entregado temporalmente por Francia para ser juzgado en España por trece causas, deberá responder por el asesinato de Santamaría, fallecido de un tiro en la nuca mientras cenaba en la sociedad gastronómica Gaztelupe de San Sebastián, el 19 de enero de 1993.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía sostiene que ese día Olarra Guridi y otro miembro de ETA ya fallecido fueron informados por el también etarra Valentín Lasarte -ya condenado por estos hechos- de que el empresario vasco se encontraba cenando en el citado restaurante.

Tras recibir esa información, Olarra y el otro terrorista entraron en el local y "sin mediar palabra, y de forma súbita e inesperada", uno de ellos le disparó un tiro en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea.

El fiscal pide también para el acusado la prohibición de volver al lugar de residencia de la víctima y de su familia durante diez años desde el cumplimiento de la pena.

Olarra Guridi volverá a sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional el jueves, en esta ocasión como responsable del "comando Andalucía" de ETA que integraban Jon Igor Solana y Harriet Iragi.

Ese día deberá responder por haber inducido a los miembros del "comando" a colocar, el 19 de julio de 2000, un artefacto explosivo en el vehículo del diputado del PSOE y vicesecretario general de este partido en Andalucía, Jose Asenjo.

Sobre las nueve y media de la noche de ese día, Asenjo, su esposa y su hija, subieron al vehículo y, tras circular escasos metros, explotó el detonador y el artefacto se desprendió de la carrocería, por lo que finalmente la bomba no estalló y los tres ocupantes del coche resultaron ilesos.

Por estos hechos, el fiscal pide, además de 27 años de cárcel, la prohibición de aproximarse a las víctimas y al lugar en el que se cometió el delito durante un periodo de diez años.

Por último, Olarra Guridi será juzgado el viernes por ordenar al "comando Andalucía" atentar contra objetivos del personal militar en Sevilla, de quienes facilitó datos concretos, como detalles de los vehículos que utilizaban.

En cumplimiento de esas directrices, según el fiscal, el 5 de octubre de 2000, Solana e Iragi, colocaron un artefacto explosivo bajo el coche utilizado por Emilio Pérez, empleado civil de la administración militar en la capital sevillana.

Éste utilizó el vehículo en varias ocasiones sin que el artefacto llegara a estallar hasta que el día 16 de octubre fue localizado y desactivado por la Policía.

La Fiscalía pide también que, por estos hechos, Olarra Guridi sea condenado, además de a 15 años de cárcel, a la prohibición de aproximación y comunicación con Emilio Pérez, al que además solicita que indemnice con más de cien mil euros.