Después de dos años y cuatro meses de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo concluyó ayer la investigación del mayor atentado de España. Confirmó el procesamiento de 29 de los 116 imputados, rechazó los recursos de estos y la fiscalía y elevó la causa a la sala de lo penal, que prevé que el juicio comience en diciembre de este año o enero del 2007.
El magistrado cree que ya se han realizado las diligencias "realmente necesarias, pertinentes e ineludibles". Aún así, aclara que la investigación "no ha finalizado", puesto que no se ha logrado identificar el número exacto de personas que colocaron las bombas ni los medio de transporte que usaron. Del Olmo considera que "al menos tres o más personas", a la luz de las huellas encontradas en varios lugares, podrían haber intervenido en la ejecución o en la preparación de los atentados.
Varias voces, entre ellas la fiscalía y las víctimas, pedían al juez que terminara el sumario, dado que el tiempo apremia. La causa consta de 237 tomos, más de 93.000 folios y 30 piezas separadas. De hecho, Del Olmo reconoce que, si se esperara más tiempo, se generaría "un considerable perjuicio", ya que si no se celebrara el juicio antes de dos años, algunos de los presuntos culpables quedarían libres.
El juez rechazó ayer los recursos interpuestos contra el procesamiento de 29 imputados. En un auto de 197 páginas responde a muchas de las preguntas que dejó en el aire, al menos explícitamente, en el procesamiento. Dedica un apartado específico a cada presunto culpable, precisando su implicación en la masacre. Confirma que Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar fueron los autores materiales y Rabei Osman, El Egipcio , Hassan El Haski y Youssef Belhadj los ideólogos, sin prejuicio de la participación de los suicidas de Leganés. Asimismo considera "cooperador necesario" a Emilio Suárez Trashorras. Respecto a Basel Ghalyoun, que la fiscalía pedía que fuera juzgado como autor material, opina que sólo realizó labores de "apoyo".
Por primera vez, hace un relato pormenorizado de los hechos anteriores y posteriores a la masacre, basándose en las llamadas telefónicas y los efectos encontrados en los vehículos y pisos de los terroristas, aunque no de cómo y quién colocó los 13 artefactos explosivos en los trenes. Ratifica que la masacre fue cometida por una célula islamista, sin participación de ETA.
LA YIHAD En el 2001, con la llegada de El Egipcio a España, comenzó a fraguarse un grupo que promovía la Yihad. Sin embargo, hasta el 2003, "con motivo de la invasión de Irak", no hablaron de cometer un atentado en España. Según Del Olmo, los presuntos implicados utilizaron la web Global Islamic Media, en la que se hablaba de las elecciones del 14-M. En verano del 2003 hicieron las primeras gestiones para conseguir los explosivos. Mediante el tráfico de hachís contactaron con Suárez Trashorras, quien dio a Rafá Zouhier un detonador que después le explotó.
Desde entonces los viajes Asturias-Madrid y las llamadas entre los implicados se multiplican. Según Del Olmo, llevaron a cabo una "actuación coordinada y combinada", dirigida a obtener fondos económicos (del tráfico de drogas y la venta de bienes). Respecto a las investigaciones tras los atentados, el juez asegura que una de las pruebas fundamentales, la mochila con explosivos, procedía de la estación de El Pozo, desmintiendo informaciones que lo ponían en duda.
