La ONU encargó ayer a España que mejore su legislación para prevenir la práctica de la tortura en su territorio. La resolución fue adoptada por el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que vigila el cumplimiento de la convención en esa materia, a la luz de las denuncias presentadas por algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).
La delegación española presentó, la semana pasada, un informe escrito y tuvo que responder a preguntas de los 10 expertos de este organismo de la ONU. Las ONG acreditadas fueron escuchadas por el comité en reuniones por separado.
El chileno Alejandro González Poblete, al que el comité de la ONU encargó la dirección del examen al que fue sometido el Gobierno español, leyó ayer las recomendaciones en un acto abierto al público.
POCA INFORMACION
González indicó que España "proporciona poca información acerca de la aplicación práctica de la Convención" y añadió que si bien el Estado debe "proteger a sus ciudadanos de la violencia y el terrorismo criminal", esa "legítima reacción debe ser compatible con que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales para justificar la tortura".
La comisión de la ONU mostró inquietud, además por la "dicotomía" entre la afirmación del Gobierno de que en España no se practica la tortura, "y la información recibida de fuentes no gubernamentales, que revela la persistencia de casos de tortura y malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". González añadió las denuncias "de abuso sexual y violación contra inmigrantes por motivaciones racistas".
El comité criticó también que la ley establezca la detención incomunicada hasta un máximo de cinco días para los detenidos por delitos graves, porque "facilita la comisión de actos de tortura y malos tratos".
INTERROGATORIOS GRABADOS
La comisión de Naciones Unidas propuso a España que adecue la actual tipificación del delito de tortura al tratado internacional contra la misma. También recomendó que estudie la posibilidad de que se graben en vídeo los interrogatorios policiales de los detenidos por cargos penales graves y que el control forense de éstos se amplíe a un médico de confianza del detenido.
