El Tribunal Supremo ordenó ayer la disolución de los grupos de Batasuna en los parlamentos autonómicos y en el resto de instituciones donde tiene representación política. El Alto Tribunal respondió así a las peticiones de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal para que concretase la sentencia del 27 de marzo pasado en la que se ilegalizó Batasuna y sus otras denominaciones, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna.
En un comunicado, el Supremo anunció que acordó "iniciar las vías de ejecución de la sentencia". A tal efecto, el Tribunal Supremo ordenó la "disolución de los grupos que la ilegalizada Batasuna posea en parlamentos autonómicos, Juntas Generales de los territorios históricos, diputaciones o ayuntamientos". El Supremo, sin embargo, no cita los nombres que adoptaron estos grupos antes de la disolución de Batasuna.
CANCELACIONES Y EMBARGO
El Alto Tribunal ordenó además cancelar la web de Batasuna y decidió la derogación de la inscripción del partido en el registro de Interior, el embargo de "todos sus bienes o derechos, cuentas corrientes y subvenciones" y el nombramiento de tres liquidadores de todos sus bienes y patrimonios.
Por su parte, Batasuna presentó ante el Constitucional un recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que ilegalizó al partido, alegando que se han infringido artículos de la Constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos.
