Los asesinos de José Antonio Bernal en Bagdad sabían lo que hacían: iban a matarle o a secuestrarle, según reconoció ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. La policía de Irak localizó y retuvo ayer, como testigo, al guardaespaldas iraquí encargado de proteger al agente del Centro Nacional de Información (CNI), quien se ausentó del domicilio una hora antes de los hechos.

La ministra Palacio manifestó en la SER que, "del análisis de los hechos se saca la conclusión primera de que iban a por él, no se sabe si a secuestrarle o a matarle". La jefa de la diplomacia había dicho el jueves que no le mataron por ser español, pero ayer rectificó sus palabras y anunció que un experto español se incorporará a la investigación que hacen las autoridades de la coalición y la policía iraquí. Un responsable de ésta pronosticó que "en cinco o siete días vamos a tener resultados".

DESPROTECCION

El asesinato del agregado de información en la embajada en Bagdad y agente del CNI ha dejado al descubierto la escasa protección del personal diplomático español en la capital iraquí. El embajador en misión especial, Miguel Benzo, dijo a El Mundo que "la embajada está desprotegida" en comparación con los "colegas italianos, británicos, alemanes o polacos".

Pero la ministra lo desmintió: "el señor Benzo no trabaja en la misión española sino en la CPA (la Autoridad Provisional de la Coalición) y sus declaraciones están sacadas de contexto. Hemos hablado de la seguridad y nunca me ha manifestado eso".

La subsecretaria de Estado de Exteriores, María Victoria Morera, anunció que "acudirán a Irak más agentes" del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Ahora hay cuatro. Aunque no precisó el número de ese refuerzo, Morera explicó: "En septiembre, Exteriores hizo la petición a Interior y, aunque aún no se ha producido respuesta, con toda seguridad esta medida se hará efectiva en las próximas fechas".

Palacio aseguró que después de los atentados de agosto contra la Embajada de Jordania en la capital iraquí y contra la misión de la ONU, que causó la muerte del capitán de navío y miembro de la CPA Manuel Martín-Oar, se tomaron medidas de seguridad en la embajada y el consulado como la contratación de una empresa de seguridad iraquí, "solvente y con agentes armados"; el reforzamiento de los muros contra coches bomba y el uso de vehículos blindados, que no han llegado.

La ministra añadió que "la seguridad está en constante revisión y, tras el asesinato de Bernal, tomaremos medidas complementarias. Pero la estanqueidad absoluta es imposible". Sobre la ayuda norteamericana señaló que "EEUU tiene la responsabilidad última de la seguridad en Bagdad, pero en el espacio interior de la embajada y el consulado, las medidas las decidimos y pagamos nosotros".