Oleguer Pujol ya se había levantado cuando la Policía llamó a la puerta de su casa en la zona alta de Barcelona con una orden de registro firmada por el juez Santiago Pedraz. Simultáneamente su socio, Luis Iglesias, yerno del exdirigente popular Eduardo Zaplana, recibió la misma visita en su domicilio de Madrid. Los agentes también entraron en otras cinco sociedades. Estas pesquisas tenían como objeto "ampliar, contrastar o descartar" los indicios presentados por la fiscalía anticorrupción a principios de esta semana en el juzgado en una denuncia en la que acusan a estas dos personas y otras 30 de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal presuntamente cometidos a través de siete operaciones por un importe de 2.000 millones de euros.

Pedraz acordó el pasado 1 de octubre aceptar parcialmente la querella presentada por Podemos y Guayem en la que se denunciaba "la obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido" por parte de Oleguer Pujol procedente de las islas Vírgenes para adquirir un hotel en Las Islas Canarias. Además, el juez tuvo conocimiento de un informe de la auditoría Deloitte sobre Drago Capital, una plataforma de gestión e inversión inmobiliaria, según su página web, que gestiona Iglesias y que cuenta con sede en Madrid y Portugal.

LOS MOTIVOS Este documento fue analizado después por la fiscalía anticorrupción y por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que elaboró un informe pericial que ha dado lugar a la denuncia del ministerio público, según fuentes de la investigación. En este escrito, los fiscales pedían a Pedraz la práctica de los registros que son acordados por el juez por ser "una manera rápida de conseguir la información". No obstante, la diligencia quedó limitada al volcado de los ordenadores y al bloqueo de las cajas de seguridad.

En los primeros minutos del registro se comunicó al hijo menor de Pujol e Iglesias que estaban detenidos, pero una hora después la fiscalía informó, a través de una nota de prensa, que habían sido imputados, ya que se había considerado que "su permanencia en dependencias policiales resultaría desproporcionada". Sin embargo, tras concluir el registro, ocho horas después, Oleguer Pujol pisó la comisaría de La Verneda, aunque la abandonó a los pocos minutos tras negarse a declarar.

Fuentes de la investigación explicaron que en esta investigación se intenta aclarar si Oleguer Pujol blanqueó dinero a través de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander en el 2008; 105 sucursales de Caja Madrid; inmuebles en Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía en el 2012, aunque este organismo desmintió esta compra en un comunicado oficial.

Asimismo, están bajo sospecha operaciones realizadas entre Longshore y la división inmobiliaria de Prisa y se busca el origen de 15 millones de euros que estaban destinados a la construcción de una gran complejo comercial en Melilla, además de la compra de un hotel en las Islas Canarias. Las mismas fuentes han explicado que los investigadores tratan de descubrir si estas transacciones inmobiliarias servían para traer desde paraísos fiscales dinero a España.