El tesón de la familia de José Couso contra el país más poderoso del mundo ha servido para que, siete años y tres meses después de que el cámara de Tele 5 muriera alcanzado por un misil estadounidense en un hotel de Bagdad, el juez Santiago Pedraz ordenara ayer la búsqueda, captura y detención de los tres militares autores del disparo. Esta es la segunda vez que se reabre la causa, después de que el Tribunal Supremo entendiera esta misma semana que el disparo que mató a Couso, que tenía 37 años y dos hijos, se puede imputar penalmente.

Un portavoz del Departamento de Estado de EEUU aseguró anoche que el Pentágono ya absolvió de todo delito a los tres militares tras una investigación, una declaración que no muestra ningún espíritu de colaboración con la justicia española.

Pedraz no ha tardado ni tres días en hacer suya la doctrina del Supremo y pedir, además de la detención de los tres militares, que estos sean extraditados a España para poder ser juzgados, así como poder viajar a Bagdad el próximo otoño con el objetivo de realizar una inspección ocular del lugar donde se produjeron los disparos que acabaron con la vida del cámara.

PARA TOMARLES DECLARACION En su auto, Pedraz vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y al sargento Thomas Gibson de un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio. El magistrado enmarca la muerte de Couso en un intento de los militares de "aterrorizar" a la población civil y a los periodistas que el 8 de abril del 2003 cubrían la guerra de Irak. El juez de la Audiencia considera que existen "bastantes motivos para creer responsables criminalmente" a los tres acusados.

Pedraz no pasa por alto la nula cooperación que hasta ahora han tenido las autoridades estadounidenses en el esclarecimiento de este caso, al no responder al ofrecimiento que se hizo para que una comisión judicial viajara a EEUU a tomar declaración a los militares. Por eso, el juez pide la detención y extradición a España "como única medida efectiva" para tomarles declaración y garantizar que estarán presentes en el proceso que se abra contra ellos.

SEPARACION DE PODERES El proceso emprendido por Pedraz no afectará a las relaciones diplomáticas, según fuentes gubernamentales, que recordaron el caso de la valenciana María José Carrascosa, encarcelada por el conflicto de la custodia de su hija. "Tanto ellos como nosotros, con modelos institucionales parecidos, sabemos que este tipo de asuntos no pueden afectar a la relación bilateral", explicaron esas fuentes. "EEUU no es como China, que no entiende la separación de poderes y llama al Gobierno para que detenga el proceso, o Israel, que llama para quejarse por las decisiones de la Audiencia Nacional", añadieron.

Ni el Gobierno ni el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, mantuvieron ayer contacto alguno por este asunto con las autoridades norteamericanas, las cuales, según mostró el portavoz del Departamento de Estado, no tienen intención de colaborar en la investigación.