La persecución legal de la candidatura de Aukera Guztiak (Todas las opciones) se inició después de que, el 15 de marzo, el Boletín Oficial del País Vasco publicara las listas. Las Juntas Electorales no descubrieron errores formales en las mismas. Hasta el 11 de marzo, los promotores de Aukera Guztiak lograron 18.000 firmas, algo menos del 1% del censo electoral vasco.
El 18 de marzo, el Gobierno ordenó a la fiscalía y a la Abogacía del Estado impugnar las candidaturas de AG, por considerarlas un disfraz de la ilegalizada Batasuna.
El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que ya había anunciado el 11 de marzo que impugnaría las listas de AG porque eran la continuación de Batasuna, presentó el recurso ante el Supremo. Entre las pruebas, figuraba la vinculación de cientos de avalistas de AG con Batasuna, así como la intervención de una conversación del etarra encarcelado en Huelva Jorge García Sertucho con una dirigente de Batasuna sobre la estrategia ante las elecciones. Los 16 jueces de la Sala Especial del Supremo deliberaron durante tres días, y el 25 de marzo anularon las listas.
