La normalidad urbanística ha vuelto a Marbella (Málaga) con todas sus consecuencias y las primeras excavadoras se han puesto manos a la obra para derribar seis chalets desocupados y situados en primera línea de playa que contravenían la ley. Lo llamativo es que la decisión de demolerlas ha partido de la propia promotora, que pretende así evitar recibir mayores sanciones.

La constructora de las seis estructuras derribadas --que aún estaban a medio construir-- pertenece a uno de los empresarios implicados en el caso Malaya de corrupción municipal y al que el juez instructor consideró principal colaborador del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Los chalets se encuentran en primera línea de playa de la zona del Arenal y corresponden a la tercera fase de una urbanización cuyas otras 113 viviendas sí se ajustaban a la normativa.

ALERTA VECINAL Fueron los vecinos quienes alertaron de que esta tercera fase se saltaba el planeamiento urbanístico vigente de 1986 al no respetar la zona verde ni de equipamiento deportivo en la urbanización, según explican desde el despacho de abogados que representa a 500 familias que denunciaron el caso ante el ayuntamiento. La principal infracción consistía en un aumento de la edificabilidad, que pasó de 180 a 600 metros cuadrados por vivienda unifamiliar y aumentaban la altura de una planta permitida. Además, se habían realizado rellenos de tierra presuntamente ilegales y no amparados por el permiso de obra. También su cercanía con la línea marítimo-- terrestre motivó una denuncia ante la Demarcación de Costas.

El ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe paralizó la obra en agosto del 2003 al entender que se vulneraba además la ley de ordenación urbanística de Andalucía. Sin embargo, pese a tener abierto un expediente sancionador que ordenaba "restablecer el orden jurídico infringido" y contar con varios informes en los que se ponía de manifiesto que las seis viviendas en cuestión eran completamente ilegalizables y solo procedía su derribo, el equipo de gobierno imputado posteriormente en el caso Malaya no continuó con los trámites habituales en este sentido para restaurar la legalidad.

Según el representante legal de los denunciantes, fue la comisión gestora de Marbella, nombrada en abril del 2006 tras la disolución del consistorio, quien hizo efectivos los expedientes sancionadores y a principios de este año impuso a la promotora una multa de 59.062 euros por una infracción grave.

CARRERA JUDICIAL Era su primera salida --después de pagar 50.000 euros de fianza por el caso Malaya-- de la cárcel de Alhaurín de la Torre, donde permanece aún por dos casos más. Y la primera parada de Julián Muñoz fue, de nuevo, en los juzgados. Comparecía por varios delitos urbanísticos y era para que el magistrado determinara su situación en la pieza desglosada de dicho caso por un delito de blanqueo junto a Isabel Pantoja y Maite Zaldívar. El fiscal pide una fianza de 100.000 euros.