El lendakari desbrozó ayer su idea de nuevo Estatuto para Euskadi. Estos son los puntos principales:

LIBRE ASOCIACION

DE EUSKADI Y ESPAÑA

El nuevo Estatuto comenzará con un preámbulo en el que se recogen tres "pilares" y una declaración política. El primer pilar es la constatación de que Euskal Herria es un pueblo con identidad propia en Europa, aunque geográficamente esté repartido en siete territorios (las tres provincias vascas, Navarra y el País Vasco francés), articulados "en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes y ubicados en dos estados". El segundo pilar proclama que el pueblo vasco tiene derecho a decidir su futuro y recoge el derecho de autodeterminación. El tercer pilar explica que el pueblo vasco tiene derecho a ser consultado sobre su futuro, "respetando la decisión".

La declaración política recoge que los vascos manifiestan su "voluntad" de formalizar un "nuevo pacto político" con España, basado en la "libre asociación" y en el desarrollo de un Estado "compuesto, plurinacional y asimétrico". El lendakari ha suprimido la polémica referencia a la "soberanía originaria" del pueblo vasco.

VALIDEZ OFICIAL DE

LA NACIONALIDAD VASCA

"El pueblo vasco existe como pueblo, con una identidad propia, desde los albores de la historia", prosigue la propuesta. El texto recoge el reconocimiento oficial de la nacionalidad vasca "con la misma validez que la nacionalidad española". Es decir, ambas serán compatibles, de forma que "no resulte preciso renunciar a la nacionalidad española para disfrutar de la vasca, y viceversa". No concreta si sería posible renunciar a una de las dos.

LA CAMARA DE VITORIA

PODRA REALIZAR REFERENDOS

El derecho de los vascos a decidir su futuro se materializa así: el Parlamento vasco podrá regular y gestionar la realización de consultas mediante referendos. Ibarretxe sostiene que ello es "coherente" con la disposición adicional primera de la Carta Magna --"la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales"-- y "con la voluntad democrática de autogobierno de la sociedad vasca". En este punto, incorpora una apelación curiosa al derecho comparado al señalar que, "de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá", se añade el compromiso de no ejercer unilateralmente el derecho de autodeterminación, sino que hay la obligación de "negociación y pacto" con el Estado.

ESTRUCTURAS POLITICAS

CONJUNTAS CON NAVARRA

El plan de Ibarretxe reclama el derecho de los ciudadanos de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés a establecer los lazos "políticos" que crean adecuados sin más límites que su propia voluntad. Ayer, el lendakari se refirió a la posibilidad de que se construyan "proyectos políticos o estructuras políticas conjuntas" entre Navarra y Euskadi (a la que ya no bautiza, como el año pasado, como "Comunidad Libre Asociada de Euskadi"). Sin embargo, insistió en que sólo se aplicarán en caso de que los navarros y los vascos lo decidieran "libre y democráticamente". En cuanto al País Vasco francés, sólo reclama la capacidad de firmar "tratados y acuerdos bilaterales".

CREACION DE UN

CONSEJO JUDICIAL VASCO

Si hace un año apenas expuso cómo será, según su propuesta, el Poder Judicial vasco, en esta ocasión, Ibarretxe reveló numerosos detalles. El lendakari reclama que el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi sea la última instancia judicial en el País Vasco. Pero, además, su plan concreta que sólo se reservaría, al Tribunal Supremo atribuciones sobre unificación de doctrina, y conflictos de competencias y jurisdiccionales. Además, deja claro que el Poder Judicial vasco asumirá las competencias que hoy día ostenta la Audiencia Nacional --terrorismo o delitos económicos, entre otros-- en los casos que afecten a Euskadi.

Asimismo, se creará un órgano de gobierno de los jueces propio del País Vasco, que funcionará "en colaboración" con el Consejo del Poder Judicial. Ese órgano, que Ibarretxe llama el Consejo Judicial Vasco, designará al presidente del Tribunal Superior de Euskadi y será competente en todo lo que se refiere a la carrera judicial. Ese Consejo también nombrará al fiscal jefe de Euskadi. Ibarretxe no ocultó que eso supondría cambiar leyes orgánicas del Estado.

EL ESTADO SE RESERVARA

LA DEFENSA Y LAS ADUANAS

Juan José Ibarretxe plantea un nuevo esquema de competencias, que denomina "políticas públicas", para aumentar en "calidad y cualidad" el autogobierno. Se reseñan primero las exclusivas del Estado. Serán las siguientes: nacionalidad española, extranjería y derecho de asilo; emigración e inmigración; Defensa y Fuerzas Armadas; producción, comercio y tenencia y uso de armas y explosivos; sistema monetario; aduanas y aranceles; marina mercante; control del espacio aéreo; y relaciones internacionales, "sin perjuicio" de las que se le reconozcan a Euskadi. Se explicita que al Estado le corresponde dictar la "legislación común" en materia penal, mercantil y civil, y en relación con la propiedad intelectual e industrial y las pesas y medidas.

El proyecto advierte de que aquellas competencias que no se reserven expresamente al Estado corresponderán a las instituciones vascas. Se citan como políticas exclusivas las referidas a la institucionalización interna; las educativas, culturales y lingüísticas; las de hacienda y patrimonio; y las de ordenación territorial, vivienda y medio ambiente; así como las que afectan a los recursos naturales, la actividad económica y las políticas sociales y sanitarias. Además, Euskadi legislará en todas las materias que son de competencia exclusiva y el derecho emanado de las instituciones vascas será el único aplicable, sin perjuicio de aplicar el derecho europeo. Además, se advierte de que "el Estado no podrá" reservarse la regulación por ley orgánica de competencias atribuidas a Euskadi. El proyecto incluye un apartado especial para tres políticas públicas --seguridad, sociolaborales y protección social--, dando por supuesto que tendrán que materializarse en un régimen "de colaboración" con el Estado. La Comunidad de Euskadi tendrá su propio presupuesto de Seguridad Social.

EUSKADI TENDRA

VOZ PROPIA EN EUROPA

La propuesta reivindica que Euskadi "tiene derecho a participar con voz propia" en Europa y en el mundo. Establece que el nuevo Estatuto recogerá la capacidad para defender los intereses y competencias de Euskadi ante los organismos que corresponda, y que los representantes de las instituciones vascas formarán parte de las delegaciones del Estado en el Consejo de Ministros de la UE en aquellos temas relacionados con competencias exclusivas. Se fija también que el Estado debe garantizar a Euskadi la capacidad de acceder al Tribunal Europeo de Justicia, y que la comunidad se transformará en circunscripción electoral única para las elecciones al Parlamento Europeo. Se reconocerá "carácter oficial" a las delegaciones y oficinas de Euskadi en el exterior. Se contempla que Euskadi "autorice" al Estado a firmar tratados si éstos se relacionan con sus competencias.

UN FORO BILATERAL PARA

PREVENIR LOS CONFLICTOS

El nuevo Estatuto tiene que incluir garantías para que ninguna de las partes lo interprete de forma unilateral. Así, articula una serie de medidas tendentes a asegurar que el Estado respete lo acordado. Cita que una comisión Euskadi-Estado se constituirá en "foro de diálogo político bilateral" para prevenir conflictos y armonizar políticas públicas. Además, propone que el Tribunal Constitucional disponga de una "sala específica" encargada de resolver los conflictos en los que las instituciones vascas sean parte. El Estatuto deberá incluir el compromiso del Estado de "no aplicar medidas coercitivas" que supongan la suspensión unilateral de actuaciones vascas.

REFERENDO EN EL

2005 SI NO HAY VIOLENCIA

El Gobierno vasco aprobará el proyecto de ley el 25 de octubre y lo remitirá al Parlamento de Vitoria. La Cámara establecerá un procedimiento de debate. En septiembre del 2004 debería votarse la propuesta que salga del debate. En ese momento, y si obtiene la mayoría absoluta requerida (38 votos; el Gobierno sólo dispone en la actualidad de 36), se empezaría a negociar con el Estado durante un tiempo "no superior a seis meses". Tanto si hay acuerdo con el Estado como si no, el proyecto se someterá a consulta "en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones".