Más que una simple reforma de Estatuto de autonomía y casi, según se mire, una Constitución propia. Difícil definición tiene, por su contenido, el llamado plan Ibarretxe. La inesperada aprobación de ayer dará pie a un caliente 2005 entre los gobiernos español y vasco.
1. La "libre asociación" con España, el objetivo
Sin duda es el capítulo más controvertido. El plan Ibarretxe prevé el "derecho a la libre decisión" de los vascos para que éstos puedan replantear su relación con España hasta convertirla en un "régimen singular" que va mucho más allá de la actual fórmula del Estado de las autonomías.
En esencia, el propósito es que la "libre asociación" sea la fórmula de cómo el País Vasco se relaciona con el resto. Si el Estado es "compuesto, plurinacional y asimétrico" --sugiere el texto--, Euskadi puede perfectamente formar parte de él.
En ese contexto --prosigue el documento-- quedaría plenamente reconocida la nacionalidad vasca para los ciudadanos de Euskadi "con la misma validez que la nacionalidad española". Ambas, incluso, pueden ser compatibles, de modo que "no" sería necesario "renunciar a la nacionalidad española para disfrutar de la vasca y viceversa". Para sostener esa solución, el plan Ibarretxe concluye que "el pueblo vasco existe como pueblo, con una identidad propia, desde los albores de la historia".
El proyecto aprobado ayer por el Parlamento de Vitoria propone, además, que esta cámara política pueda, si así lo decide, convocar consultas populares, incluso con la cuestión de la autodeterminación como eje central. En ese punto, el plan reivindica que si por la vía de un referendo se constata que hay una "voluntad clara inequívoca" de los vascos de cambiar de nuevo su relación con España, tanto el Gobierno de Euskadi como el de Madrid respetarán y aplicarán el resultado que salga de las urnas.
2. Un proyecto que no se olvida de Navarra
El plan Ibarretxe hace mención expresa a los territorios que los nacionalistas consideran parte de una misma unidad: Navarra y el País Vasco francés. Una vez en vigor el plan, las relaciones entre los tres territorios deberían redefinirse "sin más limitaciones que la propia voluntad" de éstos.
El propio lendakari expuso en septiembre del 2003 cuáles son sus ambiciones personales en ese campo por recorrer. Dijo entonces que la meta es construir "proyectos políticos o estructuras políticas conjuntas", en especial, por el momento, entre el País Vasco y Navarra. Sólo sería posible alcanzar ese objetivo --aclaró-- si los ciudadanos navarros y vascos lo deciden "libre y democráticamente". "Primero, cada uno en su casa, y después, todos juntos".
Cuando Ibarretxe expuso hace poco más de un año las líneas generales de su propuesta, recordó que, de hecho, la Constitución española prevé la posibilidad de que Navarra, si así lo desea, se incorpore a la comunidad autónoma vasca.
Con respecto al País Vasco francés, el lendakari aspiró, como mucho, a obtener la capacidad de firmar "tratados y acuerdos bilaterales".
3. El Estado se queda pocas competencias
En esa relación de "libre asociación" que el plan Ibarretxe propone para Euskadi, el reparto de competencias resulta un capítulo primordial. Se prevé la creación de un Consejo Judicial Vasco que, a efectos prácticos, sería la última instancia judicial en Euskadi, salvo para un limitado número de supuestos en los que el Supremo sí podría intervenir, como por ejemplo para conflictos de competencia. En ese contexto, la Audiencia Nacional dejaría de juzgar los casos de terrorismo o de delitos económicos que acontezcan en Euskadi.
El País Vasco, según el plan, tendría competencias plenas en educación, cultura, medio ambiente, ordenación territorial, hacienda, patrimonio, sanidad y un largo etcétera que, de hecho, no difiere en exceso de muchas de las que ya ejerce, pero puntualiza que el Gobierno central no podrá reservarse el derecho a legislar con carácter orgánico sobre esas materias.
¿Qué competencias son, según Ibarretxe, para el Gobierno español? Extranjería, derecho de asilo, inmigración, defensa, producción, comercio y tenencia de armas y explosivos, marina mercante, aduanas y aranceles, moneda y control del espacio aéreo serían las principales. También las referidas a las "relaciones internacionales, "sin perjuicio" de aquellas que se le reconozcan a Euskadi.
El plan casi da por seguro que los conflictos de interpretación entre ambas partes serán inevitables, así que propone crear en el Tribunal Constitucional una "sala específica" encargada de resolver cuestiones en las que las instituciones vascas sean parte. Los miembros de esa sala se designarían "de forma paritaria" entre ambas partes.
