El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía vasca para que las calles de Bilbao sean hoy un "clamor" en defensa de las instituciones vascas y del lendakari. La manifestación, convocada por el tripartito vasco y Aralar, se celebrará dos días antes de que Juan José Ibarretxe declare como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Imaz afirmó que algunas actuaciones judiciales "han traspasado todas las rayas rojas del Estado de derecho", ante lo cual, subrayó, la sociedad vasca debe "reaccionar".

El líder nacionalista sostuvo que en la decisión de citar como imputado a Ibarretxe subyacen motivaciones políticas. Sin embargo, negó que la movilización y el pronunciamiento del Gobierno vasco del sábado pasado, en el que el Ejecutivo de Vitoria transmitió su "honda preocupación" por la "deslegitimación" que sufren actualmente los tribunales, pretendan presionar a los magistrados que deben juzgar al lendakari.

Imaz reconoció que, en democracia, el respeto entre las diferentes instituciones resulta "importante", y aceptó que el poder judicial continúe manteniendo sus potestades, aunque defendió el derecho del lendakari a entrevistarse con la ilegalizada Batasuna con el argumento de que el poder ejecutivo también tiene "la función y la capacidad de hacer política".

El presidente peneuvista consideró, en una entrevista en El País , que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJV) está manteniendo "un pulso" institucional con el Gobierno de Vitoria, y se preguntó qué haría el PSOE si José Luis Rodríguez Zapatero fuese llamado a declarar "por decisión de la mayoría conservadora del Supremo".

Ataques contra cajeros En paralelo a esta polémica, varios desconocidos han atacado en las últimas horas dos cajeros automáticos en Euskadi, uno en una sucursal del Banco Vasconia situado en una céntrica plaza de Azpeitia (Guipúzcoa) y el otro en la BBK en Sopelana (Vizcaya). Por otra parte, la Audiencia Nacional ha solicitado a la Ertzaintza que le remita sus actuaciones por el ataque perpetrado el pasado sábado contra la tumba del dirigente popular asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, porque la investigación imputa a ocho menores y a tres adultos unos hechos que el tribunal considera terrorismo. Este ataque se produjo después de que tuviera lugar un acto de homenaje del PP --al que asistió José María Aznar-- al diputado autonómico.