El PNV y EA consumaron ayer su desafío al Estado y, uniendo sus votos a los de los batasunas en la Junta de Portavoces del Parlamento vasco, se negaron a disolver el grupo parlamentario de Arnaldo Otegi. Los nacionalistas lograron así que la junta, como órgano colegiado, se solidarizase con el presidente de la Cámara, Juan María Atutxa, en su negativa a cumplir la orden de Tribunal Supremo de cerrar el grupo Sozialista Abertzaleak.

Desde ayer, Joseba Egibar (PNV), Rafael Larreina (EA) y Antton Morcillo (Sozialista Abertzaleak) pueden afrontar las mismas penas que Atutxa, a quien el Supremo dio el miércoles un ultimátum para que cerrase el grupo aberzale antes de 5 días.

El jueves, desde la Mesa del Parlamento, Atutxa obtuvo el apoyo de nacionalistas y socialistas para proponer una reforma reglamentaria teóricamente destinada a ejecutar la orden del Supremo. Reforma que el PNV, EA y Sozialista Abertzaleak rechazaron en la reunión de ayer.

CONTINUA LA NEGATIVA

Tras este esperado veredicto, Atutxa dijo que la próxima semana comunicará al Supremo la decisión adoptada por la junta y la imposibilidad formal de cumplir la providencia de disolver Sozialista Abertzaleak.

Tras el encuentro, el portavoz del PNV, Joseba Egibar, denunció el intento del Supremo de "doblegar la voluntad del Parlamento y de que éste hinque la rodilla", pero advirtió de que su partido no se "humillará" por una amenaza de procesamiento. Añadió que el presidente del Gobierno, José María Aznar, al que calificó de "falangista no reinsertado", tiene "la idea clara de atacar las instituciones de autogobierno".

PP y PSOE cargaron contra la maniobra de los nacionalistas. Leopoldo Barreda (PP) advirtió a los representantes de PNV y EA de que "responderán ante los tribunales". Dijo Barreda que ha quedado confirmada la "falsedad más absoluta" de la propuesta de Atutxa y advirtió de que la mesa tiene "capacidad" para aplicar la disolución, "con o sin reforma del reglamento" de la Cámara.

Por su parte, el socialista Rodolfo Ares dijo que ayer culminó "un proceso de desobediencia y desafío al Estado de derecho" de tal gravedad que "deja a este Parlamento y, sobre todo a Atutxa, en el descrédito más absoluto".