El PNV ha presentado hoy enmiendas de rechazo a todos los puntos de la parte de la reforma electoral relativa a la Ley de Partidos y cuya finalidad es impedir que Batasuna concurra a las próximas elecciones municipales, al considerar que "infringe" la Constitución y crea una inseguridad jurídica "atroz". Y por estos motivos, ha explicado el portavoz adjunto del PNV Aitor Esteban, los nacionalistas vascos han registrado siete enmiendas de supresión al articulado completo de esta parte de la reforma que han impulsado el PSOE y el PP y que considera "una nueva vuelta de tuerca a la Ley de Partidos". Ha optado por presentar una enmienda de supresión a cada uno de los artículos en lugar de una enmienda de totalidad porque ésta requiere la presentación de un texto alternativo y no ha querido hacerlo al estar el PNV en contra de la propia Ley de Partidos. Uno de los aspectos más importantes de esta modificación prevé la denominada "incompatibilidad sobrevenida", en función de la cual las personas electas que tomen posesión de sus cargos y después, por sentencia judicial firme, se demuestre que pertenecen a un partido ilegal, quedarán inhabilitadas salvo que en quince días presenten una declaración "indubitada" de rechazo y condena de la violencia. Sobre este aspecto concreto, Esteban ha puntualizado que el escaño pertenece a la persona elegida y ni siquiera se lo puede retirar su propio partido, por lo cual, a su entender, la reforma que se propone "rompe" una tradición jurídica fundamentada "ni más ni menos" que en la Constitución. También con el único apoyo de PSOE y PP, la proposición contempla que una lista de un partido legal podría anularse por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical. La reforma va más allá al proponer que si un cargo electo de Batasuna o fuerzas afines entra en una institución, sean ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales, pueda ser expulsado. Además se ampliará el plazo para anular listas "contaminadas" y la Fiscalía o el Abogado del Estado pueden presentar recursos hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral. En líneas generales, el PNV cree que la reforma propuesta se basa en elementos "demasiado" subjetivos, crea inseguridad jurídica y adopta iniciativas que corresponden a los tribunales. Dudas jurídicas también tiene el grupo de ERC-IU-ICV, pero también de oportunidad política porque considera que "no es inteligente ni útil" cerrar las vías por las que puede introducirse "una definitiva" normalización democrática en el País Vasco y así lo ha justificado en la enmienda de supresión a todo el articulado que ha planteado. Está totalmente conforme con la idea de que no se pueden permitir espacios de "impunidad", pero opina que éstos ya no son posibles con la legislación actual. De esta forma, argumenta que la proposición de ley que, previsiblemente se votará a finales de año, pretende hacer desaparecer de las instituciones a personas que, sin ser sospechosas de haber incurrido en delito alguno, no hacen un "auto de fe" contrario a los motivos por los que un partido ha sido ilegalizado. Todavía "más rechazable" desde el punto de vista de la legalidad es, según este grupo, que se pretenda expulsar de las instituciones a aquellas personas que aún habiendo hecho ese "auto de fe", expresen alguna contradicción a través de hechos manifestaciones u "omisiones".
