La plana mayor del PNV, con su líder Josu Jon Imaz a la cabeza, arropó ayer al expresidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa de la Cámara Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), que se sentaron en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acusados de desobedecer al Supremo por no disolver al grupo parlamentario de Batasuna. Decenas de militantes aplaudieron también la entrada y salida de los procesados a la Audiencia Provincial.

Aunque sin la exagerada escenificación que capitaneó Xabier Arzalluz en diciembre del 2003, cuando Atutxa, Knörr y Bilbao realizaron su primera declaración en el caso, los peneuvistas demostraron de nuevo su irritación. "Es un juicio político", denunció Imaz, mientras acompañaba, al frente de dirigentes, parlamentarios y familiares, a los tres procesados hasta el mismo banquillo.

EN EL PRIMER BANCO La actual presidenta de la Cámara, Izaskun Bilbao (PNV), se mantuvo durante toda la sesión de la vista en el primer banco destinado al público para demostrar su convicción de que "este juicio nunca se tendría que haber celebrado".

De hecho, es la propia fiscalía que inició la causa la que ahora pide, al igual que la defensa, la absolución de los tres miembros de la Mesa. Sólo el sindicato ultraderechista Manos Limpias mantiene la acusación y pide penas de inhabilitación y multa para los procesados.

Atutxa, Knörr y Bilbao se negaron a contestar a la representación de Manos Limpias. Los tres explicaron que su voluntad fue "siempre" la de atender los autos del Tribunal Supremo, pero que el reglamento de la Cámara, que no contempla la disolución de un grupo, hacía "imposible" cumplir la orden.

"SIN SALIDA" "Estábamos entre dos paredes. Sin salida", dijo Atutxa, quien calificó de "calvario" el choque vivido con el Supremo. El alto tribunal, insistentemente durante meses, les requirió "cumplir una orden que nos obligaba a saltarnos la ley", añadió Bilbao.

Atutxa, Knörr y Bilbao se remitieron de forma constante al informe emitido por el que fuera fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien en el 2002, y en una causa abierta por el juez Baltasar Garzón contra Batasuna, afirmó que partidos y grupos parlamentarios son "realidades jurídicas diferentes" y que así deben ser tratadas. Los procesados argumentaron que la decisión del Supremo al ilegalizar a Batasuna en marzo del 2003 no afectaba al grupo parlamentario.