Los sindicatos de policía no están dispuestos a pasar página. Las cuatro grandes centrales que representan a los agentes (SUP, CEP, UFP y SPP) están tan molestas con las acusaciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que ayer presentaron una querella por injurias y calumnias contra él ante el Tribunal Supremo. El máximo representante del ministerio público afirmó hace unos días que la Comisaría General de Información no colaboraba con la fiscalía en la lucha contra el entramado político de ETA. Los sindicatos aseguran que "miente" y critican duramente a la cúpula del Ministerio del Interior por dar la razón al fiscal general del Estado Conde-Pumpido.

PETICION DE CESE INMEDIATO El portavoz de los cuatro sindicatos, Jose Angel Fuentes Gago, en una rueda de prensa tras presentar la querella, aseguró que esta y otras declaraciones del fiscal demuestran su "animadversión" hacia la policía, y por eso solicitó su cese inmediato. El abogado de las centrales, José María Fuster-Fabra, se mostró convencido de que la demanda puede ser admitida tanto por el delito de injurias contra las fuerzas de seguridad como por calumnias con publicidad, dado que, a su juicio, Conde-Pumpido atribuyó a la policía dos negligencias: no perseguir una acción criminal y no colaborar con una institución del Estado. No obstante, según Fuentes, si el fiscal rectifica ante el Supremo o públicamente es probable que retiren la querella.

Los sindicatos también se mostraron muy molestos con la actitud de la cúpula de Interior. Así, acusaron al director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, "de mentir" por dar la razón al fiscal y admitir que en los procesos de ilegalización de los sucesores de Batasuna se produjo un "error procedimental". Por eso, el miércoles en el Consejo de la Policía solicitarán que "dé explicaciones" y, si estas no les convencen, exigirán su dimisión.

Las acusaciones de Conde- Pumpido tienen que ver con el doble proceso contra el entramado de ETA que se sigue en la Audiencia Nacional, por vía penal, y el Tribunal Supremo, a través de la ley de partidos.

EL ERROR El fiscal general, que solicita un cambio legal para que sea el ministerio público y no los jueces los que lleven la batuta en la investigación, mostró su malestar porque la policía solo informó a la Audiencia y por eso Interior admitió un error de procedimiento. Sin embargo, los sindicatos defienden que la Comisaría de Información se limitó a cumplir la ley, es decir, a informar al juez, y como el ministerio público es "un órgano jerarquizado", la fiscalía del Tribunal Supremo obtuvo los informes a través de sus colegas de la Audiencia. De hecho, la querella afirma que los informes de la policía fueron indispensables para la ilegalización de los herederos de Batasuna llevada a cabo por el Supremo.