Policías y guardias civiles se manifestarán a pesar de las amenazas de sanciones

En los últimos días, tanto el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, como el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, han advertido a los agentes de la Guardia Civil de que se arriesgan a ser expedientados, e incluso a ser expulsados del Cuerpo, si acudan a la protesta convocada para mañana al mediodía. En una circular remitida a todos los cuarteles, Velázquez ha reafirmado que la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil prohíbe que los agentes convoquen o participen, de forma individual o colectiva, en actos políticos o sindicales. No comparten en absoluto esta interpretación las asociaciones de guardias civiles que han insistido en que los guardias pueden asistir a esta protesta siempre y cuando no vistan el uniforme ni porten armas.

Las duras discrepancias entre el Gobierno y los agentes pueden acabar en los tribunales después de que la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que agrupa a mandos intermedios, haya anunciado una posible querella por coacciones contra los responsables de Interior. "El que quiera puede emprender las acciones legales que considere oportunas", ha contestado Velázquez quien, a preguntas de los periodistas, también ha eludido responder si a la manifestación asistirán de incógnito efectivos de los Servicios de Información para tratar de identificar a los agentes que incumplan la ley.

En medio de la polémica, los sindicatos policiales -SUP, CEP, UFP y SPP- y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil -AUGC y UGC- han dejado claro que, a pesar de las "mentiras, engaños y amenazas" del Gobierno, los agentes acudirán en masa a la concentración. "Ya hemos ganado. Por mucho que el ministro del Interior, con las peores artes conocidas y no legitimadas en democracia presione a los miembros de la Guardia Civil para que desconvoquen y se desmovilicen", han subrayado en un comunicado conjunto.

También el PP ha lamentado las "amenazas" vertidas por el Ministerio del Interior y ha asegurado que son la prueba de que la ley que autoriza el derecho de manifestación de los guardias civiles es un "fraude." Para el portavoz de Interior del grupo parlamentario popular, Ignacio Cosidó, el conflicto que se vive en las últimas semanas demuestra que esa ley, que con "tanto bombo" impulsó el Gobierno, no sólo no reconoce nuevos derechos, sino que en algunos casos supone un retroceso.

La manifestación de mañana, que discurrirá entre la calle Miguel Ángel y los jardines del Descubrimiento de la Plaza de Colón -no muy lejos de la sede del Ministerio del Interior-, supone el último capítulo de un largo conflicto que se ha recrudecido desde el verano. La principal reivindicación sigue siendo la equiparación salarial con las policías autonómicas y locales y la "dignidad económica y profesional para la Policía y la Guardia Civil", lema de la marcha.

En junio pasado, los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía sellaron la declaración de conflicto colectivo y comenzaron a trabajar "a reglamento", esto es, cumpliendo de forma escrupulosa la normativa. Esta "huelga de celo" desarrollada durante todo el verano ha afectado especialmente a la circulación de personas en los puestos fronterizos de Gibraltar y Andorra y al control de pasaportes en puertos y aeropuertos.

A raíz de las protestas, el Ministerio del Interior abrió una decena de expedientes a delegados sindicales involucrados, presuntamente, en la "huelga de celo" y, a renglón seguido, los sindicatos de la Policía denunciaron la violación de sus derechos ante el Defensor del Pueblo y las autoridades comunitarias.

Los convocantes calculan que mañana asistirán a la manifestación al menos 8.000 agentes de ambos cuerpos llegados en autobuses desde fuera de Madrid, a los que habrá que sumar otros varios miles de los casi 30.000 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado que prestan servicio en la Comunidad.