Desde su puesta en marcha, hace unos dos meses, la actividad de la gestora se ha centrado en precintar urbanizaciones ilegales pero, sobre todo, en mantener la estabilidad de sus miembros, entre los que ya se han producido dos bajas.
La primera baja se registró un día después de constituirse, el 21 de abril, ya que uno de los vocales propuestos por el PP era abogado de varios detenidos en la operación Malaya. La segunda, también en el PP, fue por un informe de incompatibilidades de sus miembros, especialmente abogados, con su papel en la gestora.
El informe afecta al presidente de la gestora, Diego Martín Reyes que, tras barajar la dimisión, ha decidido esperar al pronunciamiento del resto de vocales en el pleno del próximo viernes.
