El PP es el principal interesado en pasar página después de que el pasado lunes se archivara, no sin polémica, el caso Camps. De hecho, Mariano Rajoy se dirigió ese mismo día a los suyos para sentenciar que ya se había "hecho justicia". Sin embargo, la decisión (más que previsible) de la Fiscalía de recurrir el sobreseimiento de los jueces valencianos ha descolocado --quizá en exceso-- a los dirigentes conservadores, que por dos veces en las últimas 72 horas han propiciado que su secretaria general, Dolores de Cospedal, interrumpa sus vacaciones para hacer declaraciones de alto voltaje: la última, ayer, cuando a través de una entrevista con la agencia Efe aseveró que se espía a dirigentes de su partido que nada tienen que ver con el sumario Gürtel.
El martes, De Cospedal se había descolgado con otra lindeza estival al quejarse, en un comunicado oficial del PP, de que la Fiscalía se dedicara a perseguir al PP en vez de a ETA. Y eso cuando el pacto con el Gobierno en materia antiterrorista pasa por uno de sus mejores momentos. El caso es que la número dos de los populares parece dispuesta a batir un récord y, en apenas tres días, provocar el enfado del Ministerio del Interior, el de la Fiscalía y, el que más le importa realmente: el de la policía.
ESTADO POLICIAL Así, De Cospedal animó la mañana de ayer al hacer llegar a la opinión pública que su partido tiene constancia de que, desde las autoridades judiciales y policiales, se están produciendo escuchas telefónicas ilegales a "personas que no tienen nada que ver con los sumarios del caso Gürtel", así como "pinchazos" a destacados dirigentes nacionales. Y es que, en su opinión, el Ejecutivo socialista ha impuesto en España un "Estado policial" que le lleva a utilizar sin pudor instituciones como el Ministerio del Interior; la Fiscalía General; la policía judicial o el Centro Nacional de Inteligencia para "perseguir a la oposición". "Se está poniendo en riesgo a la democracia y a sus instituciones", remachó.
No contenta con difundir tan delicada denuncia, De Cospedal vino a reafirmarse en su teoría de que el Gobierno manipula al ministerio fiscal que, bajo su punto de vista, se entretiene en perseguir a políticos populares en vez de a etarras. Sus palabras, como era de esperar, no pasaron desapercibidas: el PSOE le respondió por boca de su secretaria de política internacional, Elena Valenciano, quien insinuó que a De Cospedal podría haberle afectado "el síndrome del espionaje político que sacude a su partido en Madrid". La dirigente socialista aludía de esta forma a la red de espionaje supuestamente vinculada al Gobierno de Esperanza Aguirre que ya está siendo investigada en los tribunales, dado que en este caso sí existen denuncias concretas de políticos populares --como Alfredo Prada o Manuel Cobo-- por ser víctimas de seguimientos. Curiosamente, los principales sospechosos en este asunto no son policías judiciales, sino agentes al servicio de Francisco Granados, consejero de Interior en la región.
A LOS TRIBUNALES En este contexto, la secretaria socialista retó a la número dos del PP a acudir a los tribunales si tiene pruebas de que esas escuchas ilegales de las que habla se han producido. De lo contrario, Valenciano cree que la popular está obligada a dejar su actual cargo, por haber "calumniado" a los jueces, la policía y al Gobierno. En la misma línea se pronunció la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que se encuentra de gira por Iberoamérica.
No tardó el PP en contestar al envite socialista: sacó a colación que, el pasado 24 de julio, ya presentó denuncia en los tribunales por una supuesta interceptación ilegal de las comunicaciones y avisó de que, en próximos días, será ampliada. En dicha denuncia se instaba al tribunal competente a requerir una relación completa de escuchas autorizadas para este caso a fin de poder concluir si todas tenían
Pasa a la página siguiente
