El Partido Popular es el único grupo de la oposición que ha reconocido dar su voto a favor de la convalidación del decreto ley por el que se regula la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aunque matiza que se trata de un apoyo "crítico y escéptico", a falta de ver cómo apoyará el Gobierno al Banco de España en el proceso de reestructuración. Por su parte, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, declaró hoy durante el debate en el Pleno del Congreso que el FROB respeta el "bloque de constitucionalidad" de las competencias repartidas entre Estado central y comunidades autónomas y aseguró que es "plenamente respetuoso con ellas". No obstante, la ministra garantiza una "intervención ágil y eficaz" del Banco de España "cuando sea necesario".
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) está dando mucho que hablar. Por lo pronto, el PP ya ha anunciado que dará su voto a favor de la convalidación del decreto ley, si bien reconoció que se trata de un apoyo "crítico y escéptico", que dependen de de cómo apoyará el Gobierno al Banco de España en el proceso de reestructuración, especialmente en lo referido a las cajas de ahorro, tal y como reconoció su portavoz adjunto de Economía, Alvaro Nadal.
Asimismo, Nadal explicó que las competencias autonómicas no pueden ser el centro del debate sobre el "puro y duro proceso de rescate" del sector bancario. "Puede afectar al menos a una treintena de entidades", señaló el diputado, que denunció, además, que los "campeones autonómicos" que buscan los gobiernos regionales "no son la solución". Por su parte, CiU, la otra formación con la que se negoció la norma, se suma al rechazo anunciado por PNV, ERC, IU, ICV y BNG, alegando que el texto vulnera las competencias autonómicas en materia de cajas.
El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, explicó que este voto en contra del FROB responde a que la norma no garantiza que la liquidez vaya a llegar a las familias y las empresas. En su opinión, atribuye al Banco de España competencias "inadmisibles" que "reducen, quitan y hurtan" poderes a las comunidades y dejó claro que "por ahí no vamos a pasar".
LAS RAZONES DEL 'NO'
Mientras tanto, el portavoz de ERC, Joan Ridao, arremete contra el Gobierno señalando que este decreto ley muestra que "no dijo la verdad" sobre la situación de la banca española. "Si el nombre de la cosa es feo, más son los motivos de su creación", concluyó.
El PNV, por su parte, argumentó que considera "inadmisible" que el FROB "se salte el bloque constitucional" en lo que respecta a las competencias autonómicas, mientras que el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, añadió que el decreto ley en cuestión "no resuelve los problemas de fondo y plantea demasiadas incógnitas sobre el futuro".
El diputado del BNG, Francisco Jorquera, criticó el poder y la independencia del Banco de España, que comparó con "poner el zorro a cuidar de las gallinas", mientras que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, reclamó una reforma profunda de la Ley de Organos de Representación de las Cajas de Ahorros (LORCA), en lugar de poner "meros parches" que dejan "intacto" el fondo del problema: la politización y la falta de acceso al mercado. "El diablo está en los detalles", concluyó Díez.
EL FROB, "PLENAMENTE RESPETUOSO"
Por otro lado, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, aclaró hoy que el FROB respeta el "bloque de constitucionalidad" de las competencias repartidas entre Estado central y autonomías y es "plenamente respetuoso" con ellas.
Durante su intervención en el debate en el Pleno del Congreso, la ministra garantizó que en "caso necesario", el Banco de España intervendría de forma "ágil y eficaz", evitando así que peligre la viabilidad de unas entidades que pueden entrar en riesgo "en los próximos meses".
"Este proceso exigirá en muchos casos adecuación de la capacidad instalada y estructurada de costes adaptados a una demanda más moderada", señaló, a la par que defendió que las entidades españolas han tenido una "resistencia notable" a lo largo de la crisis. En este sentido, Salgado matizó que han mantenido una "sólida posición" y una "prácticamente nula exposición a activos tóxicos".
