Los responsables jurídicos del PP intentan dar la vuelta a la tortilla en la instrucción del caso Gürtel , sobre todo en la parte que hace referencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Si el jueves Francisco Trillo apuntaba que el Tribunal Supremo estudia si el juez Baltasar Garzón o las dos fiscales del caso ocultaron pruebas que podrían evitar a Camps ir a juicio, ayer el Gobierno valenciano seguía la misma línea y afirmaba que hay "hechos incuestionables" que demuestran la inocencia de Camps y que son mucho más importantes que "las consecuencias procesales".

La portavoz del Gobierno valenciano y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, se refería a unas conversaciones grabadas en la prisión al imputado Pablo Crespo en las que este afirma que Camps se pagó siempre sus trajes y que, consecuentemente, no tiene ninguna base la sospecha de un presunto delito de cohecho impropio por aceptar regalos desde un cargo público, porque estos no se produjeron.

Este mismo argumento se incluye en los recursos que presentó ayer el PP contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de remitir al tribunal de Valencia la parte de documentación del caso Gürtel que hace referencia a una posible financiación irregular de los conservadores valencianos a partir de la trama, por su conexión la causa de los trajes de Camps.

SIN CONEXION En sus recursos, el PP insiste en que las dos causas no están conectadas y que, sobre todo en lo que se refiere a Camps, Ricardo Costa y Ricardo Betoret, se les intenta implicar sin base. El PP arremete duramente contra los fiscales del caso, a los que acusan de actuar con "una postura persecutoria" respecto a Camps, y a la Fiscalía del Estado de hacerlo "con inquina ajena a motivos judiciales contra el citado".

Los intentos del PP de acabar con el caso Gürtel recibieron una dura respuesta por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien acusó a los responsables del partido de "querer resucitar viejas estrategias para anular el caso en un intento descarado de salvar lo insalvable". E insistió en que todos estos intentos "se dan de bruces contra la realidad del Estado de derecho".

Con un discurso similar, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, acusó en Luxemburgo al PP de cuestionar siempre a los profesionales de la justicia cuando se ve "acosado ante los tribunales". Primero intentó desprestigiar a los jueces y ahora lo intenta con los fiscales del caso, advirtió el ministro.