Los populares, responsables de uno de los recursos que estudia el Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatuto catalán, advirtieron ayer al presidente de la Generalitat, José Montilla, de que su cargo le obliga a acatar cualquier fallo que pueda emitir el TC, le guste o no. "Esto no es una cuestión ni discutida ni discutible. Se trata de un requisito sine qua non para cualquier gobierno", enfatizó la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en rueda de prensa en Madrid. El president, sin embargo, se reafirmó en su discurso y reiteró su "voluntad insobornable" de desarrollar la Carta catalana diga lo que diga el tribunal.
De Cospedal, como el resto de dirigentes de la actual dirección del PP, lleva meses hablando de la tardanza del Constitucional para dictar sentencia, pero sin entrar en el fondo del asunto, esto es, el recurso que presentó su partido contra el texto estatutario vigente. De hecho, los conservadores --con Mariano Rajoy a la cabeza-- han venido suavizando su discurso respecto a Cataluña dada la cercanía de los próximos comicios autonómicos, en los que pretenden ser "decisivos" para propiciar un cambio de Gobierno. Eso sí, los populares aseguran que no cambiarán su opinión sobre el Estatut, cuestión que "no puede estar", dicen, "al albur del pacto político".
Aunque no era su intención, De Cospedal se vio obligada ayer a contestar varias preguntas difíciles en torno al Estatut. Entre otras cosas, se le pidió que aclarara si a su partido le preocupa que, en caso de recortes estatutarios, se genere un conflicto político y social en Cataluña. Según la número dos del PP, lo único que puede incomodar a su organización es que los catalanes no tengan lo que "merecen", esto es, "un Estatut plenamente constitucional".
Ni la invectiva del PP ni las críticas vertidas contra José Montilla por la mayoría de las asociaciones de magistrados --que recordaron que los preceptos constitucionales "obligan a todos los españoles"-- arredraron al presidente de la Generalitat, que ayer aprovechó un acto público para reiterar la idea de que el Estatut no tiene marcha atrás. El president volvió a exigir "lealtad institucional y sentido de Estado" frente al "pacto político" que supone la Carta catalana y subrayó su "voluntad insobornable" de desarrollar el texto.
EL PLAN B DE CIU Por su parte, el líder de la oposición en Cataluña, Artur Mas, también salió ayer a la palestra para opinar sobre un hipotético fallo en contra del Estatut. El presidente de CiU lanzó a la opinión pública el plan B de la federación si se recorta la Carta autonómica: un nuevo salto adelante para conseguir el concierto económico y la gestión catalana de las infraestructuras. Dos medidas que, según Mas, caben perfectamente dentro de la actual Constitución y que servirían para dar una respuesta política adecuada a un posible recorte de la voluntad popular expresada en el referendo del Estatut.
El programa de actividades alternativo de CiU necesitaría el consenso de todas las fuerzas políticas catalanas, singularmente de los socialistas, destacó Mas. Y lo presentó como un plan que es factible si todos los partidos de esta comunidad van a una a la hora de negociar con Madrid "dos o tres temas claves para el futuro de Cataluña".
