Primero, la sentencia del Estatut. Y luego, la reforma del Tribunal Constitucional (TC). El PP unificó ayer los mensajes contradictorios con los que reaccionó el lunes al anuncio del PSOE de que iba a reactivar la renovación del TC y verbalizó lo que ya se sabía: no levantará el bloqueo a la sustitución de los cuatro jueces con el mandato caducado y el que murió en el 2008 para impedir que los relevos le dejen en minoría ante el sector progresista del tribunal.

Las cuentas salen claras. De los cuatro jueces cuyo recambio ha de decidir el Senado, tres son de corte conservador (Guillermo Ji- ménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata) por solo una progresista, la presidenta de la institución, María Emilia Casas. Pero el reparto de la nominación de los sustitutos otorga dos nombres al PSOE y dos al PP, lo que cambiaría la relación de fuerzas entre los dos sectores (6-4).

Así las cosas, el PP empezó ya a ganar tiempo con la confianza de que haya fallo sobre el Estatut en unas semanas. Para ello, frenó la convocatoria de la comisión de nombramientos del Senado, en la que se ha de designar a los candidatos, que el PSOE pretendía oficializar ayer. Los populares aseguraron que están a favor de reactivar la renovación, pero pidieron que antes de convocar a la comisión se elabore un informe jurídico sobre la "cualificación" de los 23 nombres propuestos por las autonomías para sustituir a los cuatro jueces.

Los populares sostienen que en los dos años y medio en los que la renovación ha estado paralizada han cambiado las mayorías parlamentarias de Galicia y Euskadi, en las que se celebraron elecciones. Por ese motivo, consideran necesario actualizar que todos los candidatos siguen contando con el respaldo de los gobiernos que los propusieron. Los socialistas optaron por mantener su ofrecimiento de diálogo en pos del acuerdo y aceptaron la petición, aunque reclamando que el informe esté listo la semana que viene.

EMPEZAR DE NUEVO Fuentes del PSOE recordaron que uno de sus candidatos, Angel Juanes, preside ahora la Audiencia Nacional, lo que le inhabilita para el cargo al que aspiraba. Esto da la razón al PP en su reclamación de que se revise la lista, pero los socialistas avisaron de que no se iniciará de nuevo el procedimiento de consulta a los gobiernos territoriales si los conservadores empiezan a poner pegas una vez se conozca el informe jurídico.

Si no hay nuevos obstáculos, la comisión de nombramientos se convocará en la próxima junta de portavoces de la Cámara, prevista para el 8 de junio. Según el PSOE, ello permitiría votar "antes del verano" en sesión plenaria a los cuatro candidatos, cuya aprobación requiere del visto bueno de las tres quintas partes del Senado. Lo que ya no se podrá debatir hasta otoño en el Congreso por exigencias del calendario, según dijo ayer el PSC, es la reforma de ley del TC. Se aborta así la estrategia de CiU de evidenciar las divergencias de los socialistas catalanes y el PSOE sobre el proyecto.