Al PP catalán no le silban los oídos aunque los demás partidos y entidades varias critiquen con dureza la tendencia de esta fuerza a hacer del fenómeno de la inmigración un frente de batalla político, el principal en los últimos meses. El partido que preside Alicia Sánchez-Camacho no duda en ahondar en este asunto con la justificación de que preocupa a la ciudadanía. La candidata a la Generalitat catalana repite a todo el que quiera escucharla que no tiene intención de abordar pacto alguno para dejar a los foráneos fuera del punto de mira electoral. Es más, todo apunta a que será de lo que más hablen los conservadores, junto con el rechazo a la independencia y la crisis, en la campaña electoral que precederá a las elecciones del 28-N.
En este contexto, a nadie sorprende que el programa electoral del partido registre, en el apartado de inmigración, propuestas que se caracterizan por la dureza, la firmeza, o como se le quiera llamar. Así, el PP catalán plantea restringir el empadronamiento de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, estableciendo para ello "un mayor control en la inscripción, exigiendo una identificación legal (pasaporte o permiso de residencia)".
La propuesta insiste en la necesidad de combatir toda irregularidad y aboga por establecer "los controles necesarios para evitar la inscripción fraudulenta". Sin duda, uno de los puntos destacados de las medidas de los conservadores es la cesión de los datos del padrón a la Dirección General de la Policía "con la finalidad del control y la permanencia de los inmigrantes, y reclamar al Gobierno la exigencia de su cumplimiento".
EL CASO DE VIC Camacho se apunta así a la doctrina que el Ayuntamiento de Vic (Barcelona), encabezado por Josep Maria Vila d´Abadal (Unió), amagó con poner en práctica. El consistorio informó inicialmente de que pensaba delatar ante la policía a todos aquellos foráneos en situación ilegal que acudieran a empadronarse. El rechazo y la polémica que generó este anuncio hizo que el ayuntamiento rectificara y advirtiera de que lo que pretendía en realidad era no empadronar a los sin papeles. La medida también fue duramente criticada, incluso por parte de varios alcaldes de CiU, y finalmente Vic se echó atrás en sus intenciones.
El PP catalán es consciente de que su programa de inmigración tiene pocas opciones de triunfar, ya que sus posibilidades de estar en el Govern se limitan a que solo la federación nacionalista esté en condiciones de gobernar y a que quede lejos de la mayoría absoluta. Camacho cuenta con la aritmética y el rechazo de otros socios potenciales de Artur Mas como vía para incidir en el próximo Ejecutivo catalán, en el que, dice, quiere varias consejerías.
