Apenas 48 horas después de que el PP respirara aliviado por el archivo judicial en Valencia de una causa contra el presidente Francisco Camps por cohecho impropio, los conservadores volvieron a vivir ayer un sobresalto. Esta vez en Mallorca. La herencia envenenada del expresidente balear Jaume Matas asoma de nuevo. Está en entredicho el que consideró --según las propias palabras utilizadas por Matas en su día-- el proyecto deportivo más importante de Mallorca, el velódromo Palma Arena.

Las sospechas suscitadas por el sobreprecio del proyecto provocaron en agosto del 2008 el inicio de una investigación por parte del juzgado de instrucción número 3 de Palma por presunta malversación de fondos públicos, falsedad y cohecho, que ayer se tradujo, en el marco de la llamada operación Espada, en la detención de cinco personas tras los registros practicados en el propio Palma Arena y en una agencia de comunicación.

Fuentes cercanas a la investigación no descartaban nuevas detenciones. De los cinco arrestados, por lo menos cuatro están ligados al PP o han mantenido vínculos con el partido: el concejal y portavoz popular en el Ayuntamiento de Palma, Rafael Durán, que era titular de Deportes y presidente del consorcio del pabellón cuando el partido gobernaba la capital balear, en el anterior mandato; el exdirector general de deportes del Gobierno de Matas, José Luis Ballester, quien como regatista ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996; el exgerente del Palma Arena, Jorge Moisés; y Miguel Romero, director de la agencia de publicidad y comunicación Nimbus y jefe de una de las campañas del PP.

El quinto detenido es una persona no identificada que está vinculada con la empresa constructora del recinto deportivo.

La dirección del PP en Madrid optó por no comentar la situación. Lo mismo hizo la del PSOE. El PP balear sí habló: su portavoz, Carlos Simarro, defendió la inocencia de los citados, especificó que el concejal Durán no será apartado pese a su detención y aseguró que la gestión del pabellón Palma Arena fue "correcta". También reclamó que se respete la presunción de inocencia. El presidente balear, Francesc Antich, afirmó que el del Palma Arena "es un caso claro de mala gestión de los recursos públicos", y emplazó a dejar la cuestión en manos de "jueces y fiscales".

La investigación del denominado caso Palma Arena arrancó hace un año, después de que se constatara que la construcción del velódromo había supuesto un coste adicional de 45 millones de euros, que elevaron el presupuesto original, de 48 millones de euros, a casi el doble. La fiscalía intenta averiguar el origen de esos 45 millones de más que reclaman la Unión Temporal de Empresas (UTE) responsable de la obra, Melchor Mascaró y FCC, y estudia también si se hicieron pagos irregulares a arquitectos y técnicos. Formalmente, el incremento de precio se atribuyó a "modificaciones de estructura y en la cubierta, así como obras internas".

A su regreso al Gobierno balear, tras cuatro años de gestión de Matas, el equipo de Antich se topó con que una obra que tenía que costar 47,7 millones alcanzaba los 90,6 millones.

Parte del dinero extra exigido por los constructores ya ha sido pagado por la Administración. En parte, según denunció ayer la secretaria de la Consejería de Juventud y Deportes del Gobierno balear, Apolonia Serra, porque la junta rectora del consorcio del Palma Arena --presidida por el ya citado Jorge Moisés-- decidió, "un par de días antes de las elecciones municipales" del 2007, dar por buena la reclamación que había presentado la UTE responsable del Palma Arena.

BENEPLACITO DE LA FISCALIA El actual Gobierno balear no dio por buenas todas las reclamaciones. Se negó a pagar 13,3 millones de euros que considera "no licitados ni adjudicados en la contratación". Serra explicó a Europa Press que la parte adicional que sí fue abonada a las empresas constructoras les fue entregada con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción.

Hace tan solo dos días, el lunes, el líder del PP, Mariano Rajoy, celebró que los trajes presuntamente regalados a Camps dejaran de ser un dolor de cabeza, dio prácticamente por finiquitado el caso Gürtel y vino a decir que el partido conservador quedaba libre de toda sospecha y que se centraba en prepararse para volver al Gobierno dentro de dos años. Ya tiene otro frente del que preocuparse.