Para los suyos, Rajoy hizo lo que tenía que hacer. Dejar claro que, o se ilegaliza al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) y se reanima el pacto antiterrorista, o ya no hay nada de qué hablar. La cúpula del PP insistió ayer en que el discurso del líder de la oposición fue "el de la responsabilidad" y el que esperan oír los ciudadanos pese a que los grupos políticos lo entendieron como un golpe dirigido a afianzar su liderazgo en el PP.

Sus dirigentes, sin embargo, consideraron que es el que corresponde al máximo responsable de un partido que tiene la vocación firme de ser el único de carácter nacional frente a un Gobierno dubitativo y a unos grupos a los que sólo les interesa pedir recursos y competencias para sus comunidades autónomas.

EN EL LUGAR CORRECTO Con el convencimiento de que el PP está en el lugar correcto y es el presidente del Gobierno el que se ha alejado en busca de una hipotética negociación con ETA, miembros de la dirección popular calificaban las palabras de Rajoy como el discurso "de la verdad". Así, negaron que a Rajoy se le hubiera ido la mano y que adjetivos como duro, agresivo o hiriente sean los adecuados para calificar su intervención.

Ni siquiera aceptaron que cargó demasiado las tintas al formular la acusación de que José Luis Rodríguez Zapatero ha traicionado a los muertos. La explicación fue que ésa es una queja de las víctimas del terrorismo y que el PP la hace suya porque el Gobierno ha provocado la división entre ellas.

Sin embargo, algunos diputados sí la consideraron demasiado contundente. Ahora bien, cuando escucharon cómo el portavoz de ERC daba la bienvenida a Zapatero a su club, se les disiparon las dudas. Fuentes de la dirección del grupo parlamentario admitieron que la frase sonó rotunda porque se pronunció en la tribuna del Congreso, en una ocasión solemne como el debate del estado de la nación.

Además de insistir en que el PP cumple a rajatabla los principios del pacto y que es calumnioso acusarles de no desear el fin de ETA, los responsables del partido cuestionaron la legalidad de los pasos que da el Gobierno ya que consideran que se está vulnerando la ley de partidos políticos al no proceder contra EHAK. Fuentes populares resumían así la evolución de la política antiterrorista: "Primero fue ilegal en referencia a los GAL, con los gobiernos de Felipe González, después, legal con los gobiernos de Aznar, y ahora, si no es ilegal, por lo menos es discutible".