El PP ya intentó el pasado verano levantar sospechas sobre cómo se había instruido el caso Gürtel acusando al Gobierno de espiar a la oposición. La estrategia cayó en saco roto y el equipo de Mariano Rajoy fue incapaz de presentar una sola prueba que apoyara su denuncia de espionaje. Pero en las últimas 48 horas los populares han vuelto a la carga aunque esta vez de manera más sibilina: sin citar el caso de corrupción que les atañe, han puesto en marcha una ofensiva política y parlamentaria para sembrar dudas sobre la "legalidad" de Sitel, el programa aplicado en España para realizar las escuchas telefónicas policiales. Ayer, la portavoz en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría, registró en la Cámara baja una proposición no de ley en la que solicita que el Gobierno elabore, en dos meses, un proyecto de ley orgánica que regule el Sitel.

¿Qué gana el PP con esta peligrosa ofensiva? Según la versión oficial, defender el derecho a la intimidad de todos los españoles. Pero no hace falta ser mal pensado para ver entre líneas que la intención es cuestionar las investigaciones judiciales y policiales que han puesto al partido conservador en la picota.

Una ofensiva ante la que el Gobierno no da crédito. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció el miércoles indignado ante la prensa para recordar que ese sistema que ahora el PP define como "ilegal" lo compró el mismo PP cuando José María Aznar gobernaba. Ayer, en Londres, no habló de Sitel pero sus colaboradores insistieron en que el PP no es consciente de la gravedad y la irresponsabilidad de sus acusaciones. "Sitel no solo ha grabado a los imputados en Gürtel, ha permitido la condena de decenas de narcotraficantes, criminales y etarras de este país. ¿Duda también el PP de esas investigaciones?", advirtieron desde Interior.

Pero el PP dejó que el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, volviera a la carga: "Puede que haya cientos de procesos penales de los últimos seis años que acaben siendo anulados porque el Gobierno socialista ha mantenido un sistema ilegal de escuchas". Es decir, el PP anima a los abogados, incluidos a los de los condenados por el 11-M, a plantearse una revisión de los procesos.

COSPEDAL CALLA ESTA VEZ Para liderar esta ofensiva, el PP ha designado a González Pons, mientras que la secretaria general, Dolores de Cospedal, se mantiene callada. Y eso que hace pocos meses fue ella la que puso el grito en el cielo asegurando que Rubalcaba había mandado espiarla a ella y a varios compañeros. Entonces no aportó ninguna prueba y ahora, González Pons olvida mencionar una sentencia del Tribunal Supremo, de febrero del 2008, que ya avala el sistema.

En esa ocasión, el Supremo desestimó un recurso de la Asociación de Internautas que planteaba la ilegalidad del sistema porque lo regula un simple reglamento y una ley ordinaria, pese a que las escuchas afectan a un derecho fundamental. La sentencia concluye que los pinchazos los cubren la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Reguladora del Control Judicial Previo del CNI, ambas orgánicas y que implican que el pinchazo lo autorice el juez.