El PP decidirá la próxima semana si respalda el real decreto con las últimas medidas contra la crisis aprobadas por el Gobierno, entre las que se encuentra la eliminación de la ayuda a los parados de 426 euros o las privatizaciones parciales de AENA y de Loterías del Estado. En un encuentro con la prensa, el secretario general del grupo parlamentario del PP, José Luis Ayllón, explicó hoy que el voto del PP se decidirá la próxima semana debido a que el real decreto contiene medidas "buenas, manifiestamente mejorables y malas". No obstante, recordó que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido hoy que el real decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir mejoras. El martes próximo el Pleno del Congreso de los Diputados votará la convalidación del real decreto 13/2010 de 3 de diciembre de 2010 actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizador para fomentar la inversión y la creación de empleo. El real decreto, al que dio su visto bueno el Consejo de Ministros del pasado viernes, tiene como objeto impulsar la inversión empresarial y el empleo mediante una rebaja de impuestos que beneficiará a 40.000 pymes y una mejora del tratamiento fiscal de las inversiones y las ampliaciones de capital que favorecerá a todas las empresas independientemente de su tamaño. La rebaja del impuesto de sociedades consiste en ampliar el número de empresas que se pueden acoger al tipo reducido (del 25%), con el que tributarán todas las que tengan hasta 300.000 euros de beneficios, frente a los 120.000 actuales. Además, se pasa a considerar empresa de reducida dimensión aquella que tenga una facturación de hasta diez millones de euros (hasta ahora eran ocho millones). Junto con las rebajas fiscales, el Gobierno aprobó la privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado y del 49% de la gestión aeroportuaria de Aena, en tanto que sacará a concurso público la concesión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con lo que espera ingresar hasta 14.000 millones de euros. En el plano laboral, desaparecerá la ayuda de 426 euros para los parados sin cobertura, ya que el pago de esta prestación concluirá en febrero y no se volverá a renovar. En contraposición a esta medida, se doblará el número de orientadores públicos de empleo, hasta los 3.000, y se regularán las agencias privadas de colocación. Asimismo, los funcionarios de nuevo ingreso estarán adscritos al régimen de la Seguridad Social, y el de clases pasivas se mantendrá sólo para los actuales beneficiarios.
