El PP puso ayer de manifiesto de la forma más ruidosa posible su estrategia respecto a los casos de corrupción que salpican a este partido político: el contrataque total. Ha ocurrido otras veces; la más reciente, en las elecciones gallegas, cuando trató de contrarrestar el caso Gürtel con el despacho y el coche oficial del ya expresidente Emilio Pérez Touriño y con la cacería del exministro Mariano Fernández Bermejo. Ayer, la sesión de control al Gobierno fue el escenario idóneo para que los populares retomaran esta senda.
Desde el líder del partido, Mariano Rajoy, hasta el último de los diputados populares intervinientes, todos arremetieron con casos como el del uso de un avión militar por parte del presidente del Gobierno para ir a un mitin, la gestión de la gripe A en un cuartel militar de Madrid y la subvención que dio la Junta de Andalucía a una empresa en la que trabaja la hija del entonces presidente, Manuel Chaves.
ESCANDALOS La respuesta del Gobierno es la de no dar tregua: minimizar estos temas respecto al caso Gürtel y acusar a los populares de diseñar deliberadamente estos supuestos escándalos del Ejecutivo para practicar el juego sucio en campaña. Así lo puso de manifiesto el ministro de Industria, Miguel Sebastián, al advertir que el PP registró en el Congreso el jueves pasado una pregunta sobre las ayudas del Gobierno a la minería en Andalucía, días antes de que el diario El Mundo difundiera el caso de la hija de Chaves, que trabaja en una empresa del sector minero.
El choque frontal entre ambas estrategias lo abrió Rajoy al acusar a Zapatero de vulnerar el "código del buen Gobierno" al usar un avión Falcon de las fuerzas armadas para desplazarse a un mitin del PSOE en Dos Hermanas (Sevilla) el domingo pasado. Rajoy vinculó esta circunstancia a la denuncia del PP de que el Gobierno no está aplicando las medidas que anuncia contra la crisis. Rodríguez Zapatero, a diferencia de otros miembros del Ejecutivo, optó por no entrar al trapo e invitó al líder del PP a "no usar determinadas cosas por respeto a la institución de la Presidencia del Gobierno" y por "seriedad y responsabilidad".
TODOS AL CONTRATAQUE Rubalcaba sí entró al trapo, como también lo hicieron la titular de Defensa, Carme Chacón, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. El ministro de Interior reprochó al PP que despliegue campañas de amedrantamiento a jueces, fiscales y policías cuando "los presuntos delincuentes son los suyos". Chacón recordó el caso Yak-42 para tachar al PP de "cobarde". La vicepresidenta primera recordó a los populares que "hacerse trajes a costa de otros es moralmente intolerable". Por su parte, el cabeza de lista del PSOE en las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, acusó al PP de defender "la especulación, la corrupción y la impunidad".
La ofensiva popular incluyó también referencias por parte de la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, a casos de presuntas irregularidades vinculadas directa o indirectamente a ayuntamientos o ediles socialistas en Elche, Collbató o Arrecife. Todo ello recuerda a la operación desplegada al inicio de la reciente campaña electoral gallega.
