A ninguna comunidad parece haberle gustado la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de denegar, en contra de lo pactado en la última conferencia de presidentes, el anticipo de tesorería de 3.000 millones para financiación sanitaria. Pero las gobernadas por el PP han acordado protestar enérgicamente, hacer frente común contra el Ejecutivo. Como primera medida, van a presentar recurso ante la Audiencia Nacional.

A juicio de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, "se trata de frenar el ataque a la salud pública" que supone, dijo, la medida adoptada por el Ejecutivo. Además, señaló que el anuncio supone "un recorte social" pese a que Zapatero se comprometió a no hacer recortes sociales. Y por eso criticó que "la primera decisión que toma ante una crisis" vaya "directamente a la línea de flotación de la sanidad".

En rueda de prensa, Cospedal explicó que Mariano Rajoy se había reunido con sus presidentes autonómicos y regionales para diseñar la estrategia frente a la carta que, hace días, remitió el vicepresidente Pedro Solbes a todas las CCAA, en la que anunciaba que la crisis hacía imposible facilitar el anticipo previsto en materia sanitaria.

Además de la denuncia ante la justicia, expresarán su rechazo mediante iniciativas parlamentarias orientadas a reclamar explicaciones a un Gobierno que, según ellos, "ha mentido sobre la crisis a los ayuntamientos y sobre el cumplimiento de los estatutos de Cataluña y Andalucía", dijo Cospedal.