Rizar el rizo. El PP está dispuesto a todo para hacerse con el poder en el Tribunal Constitucional (TC). El partido que dirige Mariano Rajoy ha dado un paso sin precedentes al acusar a seis jueces de mentir cuando firmaron una carta en la que desmentían que tres de ellos --recusados por el PP-- se hubieran pronunciado sobre la legalidad de la norma que prorroga el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, en una reunión interna celebrada en junio.

El PP pidió en octubre que fueran apartados del debate los magistrados progresistas Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps porque les acusaba de haber apoyado esta norma en la reunión convocada por Casas para conocer su opinión tras una carta que le habían remitido los magistrados conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata. Estos jueces le exigieron su dimisión tras cumplir tres años como presidenta.

LOS ARGUMENTOS En el encuentro estuvieron el vicepresidente Guillermo Jiménez y el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas. El diario El Mundo publicó el contenido de la charla informal y la información sirvió a los populares para presentar la triple recusación como respuesta a la decisión del Gobierno de recusar a García-Calvo y Rodríguez-Zapata por el escrito que mandaron a Casas.

Tras este cruce de recusaciones, el presidente en funciones, Vicente Conde, decidió que los incidentes fueran examinados por los 10 jueces que forman el pleno, tras haberse aceptado la abstención de Casas y Jiménez. Además, los seis jueces que participaron en el encuentro le remitieron un escrito en el que desmentían la información periodística y, por tanto, las alegaciones del PP.

Pues bien, el PP se ha empleado a fondo para frenar el desmentido en un escrito presentado ante el Constitucional. En sus alegaciones, pide que declaren por separado y bajo juramento los seis jueces y que se rechace su documento. "El escrito ha devenido falso", afirman, tras hacer su interpretación de una carta que Rodríguez Arribas remitió a Conde el 14 de noviembre.

Este juez afirmó que, "en contra de lo expuesto en la noticia del periódico, en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad" de la ley. Además, desveló que en el encuentro expuso que la reforma de la ley obedecía "a la desconfianza de los políticos y que esa desconfianza era injusta". También admitió que se opuso a una declaración institucional sobre la ley, al igual que los otros jueces, "porque podría suponer una insumisión y porque el momento pudo haber sido el anterior a la promulgación de la ley". Asimismo, se negó a que la carta de sus colegas y su misiva fueran entregadas al Gobierno y al PP.

Otro frente judicial abierto es el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todos los partidos reclamaron ayer al PP que se avenga a la reforma del ente judicial, en funciones desde hace más de un año. En rueda de prensa conjunta, los portavoces socialista, de CiU, ERC, IU-ICV, PNV y Grupo Mixto anunciaron que, si los conservadores mantienen su actitud de bloqueo, estudiarán iniciativas legales con el fin de evitar más problemas.