Herido de muerte. El PP no ha defraudado y ayer anunció que va a recusar, al menos, a tres magistrados progresistas del Tribunal Constitucional para responder a la decisión del Gobierno de actuar contra dos jueces conservadores para que no intervengan en el debate sobre la legalidad de la ley que regula esa sede judicial.
El partido que preside Mariano Rajoy tenía previsto presentar ayer las recusaciones, pero lo pospuso hasta hoy. Fuentes de ese partido se negaron a confirmar, aunque se da por seguro, que los jueces recusados serán Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, informa Gemma Robles.
Esos tres magistrados participaron en una reunión en junio en el despacho de la presidenta, María Emilia Casas, sobre la carta que le habían remitido los conservadores Roberto GarcíaCalvo y Jorge Rodríguez-Zapata, en la que le sugerían que dimitiera por haber cumplido tres años en su cargo. Estuvieron también el vicepresidente Guillermo Jiménez, y los conservadores Ramón Rodríguez Arribas y el propio García-Calvo, según informó ayer El Mundo.
LOS OBSTACULOS El contenido de ese encuentro, desvelado por el citado medio de comunicación, será utilizado por el PP para justificar su recusación. Según fuentes del alto Tribunal, el plazo para presentar esos incidentes venció en agosto, diez días después del recurso que el PP presentó contra la ley que reforma del Tribunal Constitucional. Pero para superar ese obstáculo, el PP alegará que ha conocido el contenido de ese encuentro por la prensa.
Esos razonamientos no casan con la explicación de ayer del dirigente popular Eduardo Zaplana, quien admitió que la decisión es una respuesta a las recusaciones presentadas el viernes por el Gobierno contra los jueces conservadores García-Calvo y Rodríguez-Zapata: "Los motivos que se les imputan a unos tienen que servir para todos".
El Gobierno recusó a esos jueces por entender que se habían manifestado en contra de la reforma en la carta que remitieron a Casas. El Ejecutivo no pudo plantear esos incidentes hasta que ese tribunal decidió apartar del debate a la presidenta y al vicepresidente, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez.
El futuro de esta institución está en el aire, y la mayoría de los jueces definían la situación como una locura. "No tiene ni pies ni cabeza", afirmaron las fuentes consultadas. Por su parte, fuentes jurídicas dijeron que no es de recibo usar una conversación privada "entre jueces en un tribunal" para actuar contra ellos. "Es habitual que los magistrados hablemos entre nosotros, pero esos comentarios no nos comprometen cuando deliberamos y votamos las sentencias", añadieron las mismas fuentes.
Por ello, esas fuentes se decantan por alcanzar un consenso entre los magistrados y rechazar todas las recusaciones por verlas como "un fraude procesal".
LAS CONSECUENCIAS Otra posibilidad es aparcar ese recurso y continuar con las otras demandas. La próxima semana está previsto que se haga pública la sentencia del Estatuto de la Comunidad Valenciana, que al parecer pasa el examen de los magistrados por consenso.
Por otra parte, el PP se presentó ayer por sorpresa en la reunión convocada en el Congreso por el PSOE y el resto de grupos parlamentarios para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El diputado popular Jorge Fernández Díaz confirmó que el PP rompía oficialmente la negociación, tal y como había avanzado Zaplana el martes en rueda de prensa.
