El nuevo equipo de Mariano Rajoy en el PP analiza concienzudamente el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se hizo público el pasado viernes y que sitúa a los socialistas y a los populares prácticamente en empate técnico en lo que a intención de voto concierne. El PSOE, en plena crisis económica, cae cuatro puntos desde las últimas generales, y el PP no quiere desaprovechar este momento de debilidad del Gobierno: por eso, los populares trabajan ya en un plan para reforzar su imagen de partido nacional.

Fuentes de la dirección del PP consideran esta operación imprescindible para ampliar su mayoría especialmente, apuntan, cuando ha aumentado el grado de desconfianza de los ciudadanos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

En este contexto, añaden que a Mariano Rajoy le toca hacer un esfuerzo "extraordinario" para tener un "único" mensaje en todo el país que, además de "seguridad y moderación", transmita "fortaleza" en tiempos revueltos para la economía.

No obstante, dichas fuentes admiten que coordinar el discurso del líder del PP con el de sus barones territoriales no es tarea fácil, dado el tsunami interno que vivió el partido en su periodo precongresual y los temas que, junto a la gestión de la crisis económica, serán recurrentes en la agenda política de la legislatura: la financiación autonómica y la escasez de agua. Cuestiones hipersensibles, ambas, para las comunidades.

CUMBRES REGIONALES Para evitar posibles discrepancias en la negociación de la financiación autonómica, Rajoy reunió el 29 de julio en San Millán de la Cogolla (La Rioja) a su equipo y a sus dirigentes regionales. Los populares llegaron entonces a un acuerdo de mínimos y pactaron un decálogo de condiciones para negociar con los socialistas un nuevo modelo que, según el documento allí suscrito, debe tener como principal criterio de reparto el de la población.

Esa tesis, aunque en principio fue suscrita por la totalidad de los barones del PP, no convence ni conviene por igual a comunidades con gobierno conservador como Madrid --que comparte con Cataluña o Valencia los problemas derivados de la superpoblación-- y Castilla y León. Esta última se ha unido a la demanda de Asturias, Galicia, Cantabria, Extremadura y Aragón de que, además del padrón, se tenga en cuenta el coste real de los servicios prestados a la ciudadanía. Pero la dirección popular no quiere matices entre sus autonomías. "Ese papel debe quedar para el PSOE. Nosotros tenemos que esforzarnos en mostrar unidad y criterio", insisten, por lo que ya anuncian que van a celebrar cumbres como la de San Millán de forma periódica, a fin de unificar mensajes y limar asperezas.

MENSAJE DE FORTALEZA Cuando se pregunta si esa estrategia de imagen pública tiene un apartado especial para Cataluña, la dirección del PP recalca que, en la actual legislatura, no será necesario. "El tema estrella hasta las generales será la economía. Hay que dar un solo mensaje, seguro y de fortaleza", reitera.

En lo que atañe a la financiación, el PP centrará las críticas en las ofertas del Ejecutivo. Los populares creen que tanto la crisis como la negociación de la financiación pasarán factura al PSOE, sin descartar "una legislatura muy corta". Mientras, calculan que ellos sacarán rédito del recuerdo de su gestión económica y de su imagen de "partido nacional". A ver.