Los numerosos encuentros mantenidos por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sobre la crisis territorial sirvieron para que ambos dirigentes alcanzaran un acuerdo: el PSOE apoyaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución (para destituir al Gobierno catalán y convocar elecciones) y el PP se comprometía a abordar por fin la reforma de la Carta Magna. Cuando selló la alianza, Sánchez sacó pecho. Pero ayer, durante la constitución en el Congreso de la comisión territorial, primer paso para cambiar la ley fundamental, los populares enfriaron esta parte del pacto.
«Nuestras propuestas serán para fortalecer el Estado, no para debilitarlo. No hemos venido con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el Estado autonómico», dijo el diputado José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz del PP en este organismo parlamentario.
Sus palabras implican un cambio de actitud respecto a lo expresado por Rajoy. «La Constitución no es una ley perpetua. En absoluto, todas y cada una de sus determinaciones pueden ser modificadas», dijo el presidente el pasado 12 de octubre.
El PSOE, mientras tanto, continúa defendiendo un cambio constitucional en un sentido federal, para blindar competencias autonómicas, reconocer hechos diferenciales y avanzar en la plurinacionalidad del Estado, pese a que esta última propuesta haya dejado de tener cabida en los últimos mensajes de Sánchez. El líder socialista no hizo ninguna mención a esta iniciativa en su discurso del pasado sábado ante el comité federal del partido.
LAS AUSENCIAS / La comisión territorial nace con importantes carencias. No solo por la falta de voluntad del PP en reformar la Constitución. También porque ni Unidos Podemos, ni ERC, ni el PDECat ni el PNV quieren participar en ella por ahora. La antigua Convergència dijo en un primer momento que se sentaría en el organismo, pero los acontecimientos relacionados con la crisis territorial, en especial los encarcelamientos de los miembros de la Generalitat, han provocado su cambio de criterio.
Aun así, los partidos mayoritarios confían en que estas formaciones participen en la comisión tras las elecciones catalanas del 21 de diciembre. «Esperemos que quienes no están hoy se acaben sumando», señaló la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. A su juicio, el organismo viene a poner fin a una «anomalía», ya que «no había en el Congreso un espacio para el diálogo y ahora sí lo hay». «Hay algunos que se llenan la boca del diálogo y luego no participan», dijo Bermúdez de Castro.
El organismo, cuyo presidente será el socialista José Enrique Serrano, tiene un periodo de funcionamiento de seis meses, tiempo en el que los grupos participantes invitarán a expertos. La comisión intentará después acordar unas conclusiones, que a su vez tendrían que ser votadas por el pleno del Congreso. Si salen aprobadas, la intención del PSOE, en sintonía con lo acordado por Sánchez y Rajoy, es abrir a su vez la subcomisión constitucional, encargada de abordar una reforma de la Carta Magna.
